Varios propietarios afectados por las obras de urbanización del PAI del Sector ST-1 de Llíria "Eixida a Benisanó", han anunciado su intención de interponer una querella criminal por la comisión de un presunto delito de prevaricación contra los funcionarios del Ayuntamiento de Llíria responsables de haber dictado las órdenes de embargo de las cuentas bancarias.
El consistorio ha iniciado la ejecución forzosa contra los propietarios que no han podido hacer frente a las elevadas cuotas de urbanización, ordenando el embargo de las cuentas bancarias a través de las que los propietarios afectados perciben sus ingresos económicos, sueldos, subsidios de desempleo, pensiones y otras ayudas públicas, y que por ley son inembargables, en tanto su importe no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional (650.-?), como así ocurre en muchos de los casos en los que se ha llevado a efecto el embargo.
Buena parte de los propietarios particulares y empresas afectadas por estas obras de urbanización han manifestado que "es imposible hacer frente al pago de las cuotas urbanísticas exigidas para financiar estas obras, cuyo coste asciende a la cantidad de 120 euros por metro cuadrado de parcela". Además, acusan al ayuntamiento de generar falsas expectativas de negocio en la zona y de consentir exclusivamente el enriquecimiento del Agente Urbanizador a costa del empobrecimiento de los propietarios y empresas afectadas por las obras, provocando situaciones dramáticas en varias familias y empresas de la zona.
Respuesta municipal
El consistorio respondió ayer que "cuando se embargan los ingresos se desconoce si estos provienen de la pensión, subsidios de desempleo o ayudas públicas, por lo que los vecinos en esta situación deberían de haber notificado al ayuntamiento de dónde provienen los ingresos, para que en caso de que provengan de la pensión, finalmente se les devuelva el dinero, como ya ha sucedido en otros casos".
