El anterior equipo de gobierno del PP del Ayuntamiento de Alboraia intentó hasta última hora paralizar el proceso de ilegalización de las diez fincas que Bautista Soler construyó en zona de dominio marítimo-terrestre en la playa de la Patacona. En abril de 2011 „menos de dos meses antes de las elecciones municipales que les quitaría la alcaldía„ el ejecutivo de Manuel Álvaro presentó un informe-propuesta ante la Dirección General de Costas en el que planteaba, entre otras cosas, modificar la determinación de la ribera del mar del deslinde aprobado por Orden Ministerial en 1994 e «incluso modificar dicho deslinde desplazando la línea del dominio público marítimo-terrestre» al murete exterior del paseo marítimo.

Así, si se marcaba el límite del área protegida de la costa en el paseo marítimo, y no el que, siguiendo la Ley de Costas, marca la línea de deslinde (y que coincide con la ribera del mar, es decir, al máximo que llega el mar en los temporales), los inmuebles que construyó Inmobiliaria Lasho (del Grupo Soler) quedarían fuera del dominio público-terrestre y, por lo tanto, se-rían completamente legales. De esta forma, la Conselleria de Infraestructuras no hubiera ordenado la demolición de parte de estos diez edificios y obligado a pagar una multa de 548.742 euros a promotora y constructora.

Pero la propuesta del ayuntamiento fue rechazada de plano por la Dirección General de Costas. En su resolución, este órgano autonómico se muestra tajante y destaca que «tanto el deslinde como la ribera del mar (coincidentes en este caso) son los que son desde la aprobación del deslinde por Orden Ministerial de 16 de junio de 1994».

También alegó el gobierno local en abril de 2011 que los replanteos para marcar la zona protegida que se hicieron en 2004 y 2008 «suponen una modificación de la línea de deslinde contemplada en el proyecto del paseo marítimo y en el Plan de Reforma Interior (PRI) Playa Patacona». Es decir, para el ayuntamiento la verdadera línea de deslinde es la que se señalaba en aquellos dos proyectos „que, tal como subraya el consistorio, contaron con el informe favorable de Costas del Estado y de la Generalitat„ y no en los replanteos. Pero la Dirección de Costas también rechaza esta afirmación, recuerda que los replan-teos «ni fijan ni modifican la línea de deslinde» y, en cambio, lo que sí hacen es «confirmar las invasiones de las zonas de servidumbre de protección y tránsito por las obras de edificación ejecutadas (€) por mucho que los interesados nada digan ahora sobre los planos correspondientes al mismo».

La misma dirección autonómica de Costas revela que la infracción del proyecto ejecutado por Bautista Soler se debe a que su empresa «prescindió de las delimitaciones contenidas en el deslinde (ribera del mar coincidente con el límite interior del dominio público marítimo-terrestre) y haber realizado las correspondientes mediciones desde una referencia no valida (el murete exterior del paseo marítimo)».