El Registro Civil de Sagunt ha restringido aún más su ya escasa atención al público que, desde hace meses, obliga a hacer cola de madrugada para poder coger número. Si hasta hace unas semanas se tenía que ser de los 20 primeros en llegar y ello ya provocó quejas desde instancias judiciales e incluso una moción de protesta en el pleno para reclamar más medios a la Generalitat, ahora únicamente 15 personas al día logran su objetivo debido a que "sólo un funcionario atiende el servicio". El resto debe volver al día siguiente y probar suerte pues sólo se atiende a más de una quincena de vecinos en "casos excepcionales". Y a veces, dado el colapso, es el mismo juez quien lo hace.

Así se advierte en un cartel colocado a las puertas del juzgado que explica que la medida entró en vigor el pasado día 2; un extremo que ayer pilló por sorpresa a muchos ciudadanos al no haberse publicitado de ningún modo, con las lógicas protestas que ello generó, pues a las 7:20 de la mañana había 19 personas esperando su turno, como hizo público indignado Carlos Forner, presidente de la Federació Saguntina d'Associacions de Veïns.

Responsables de la Conselleria de Gobernación, a preguntas de Levante-EMV, han achacado lo ocurrido a que una empleada está de baja "desde hace poco" y será la semana que viene cuando se cubra su puesto. Pero daban por seguro que, en cuanto eso ocurra, "se volverá a atender a 20 personas al día". Fuentes del departamento también añadieron que se están debatiendo "fórmulas para mejorar el servicio", como ya apuntaron el pasado mes de mayo, si bien descartaron precisar si se aumentarán los medios, como pidieron en el último pleno todos los partidos municipales a propuesta del PSOE, excepto el PP, y también reclamaron antes sin éxito desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Como ya informó este diario, el Registro Civil de Sagunt está residenciado en el juzgado número 3 "sin exención de trabajo" y algunos días tanto el juez como el secretario atienden a los ciudadanos en ventanilla, como denunció en su día por el CSIF.

Desde el Tribunal Superior de Justicia se atribuyó el colapso a una baja no sustituida desde enero y al escaso efecto de las quejas planteadas por la falta de medios "en numerosas ocasiones a todas las instancias". Ahora, a nivel ciudadano, la indignación es general.