La tempranera gota fría con que se ha despedido agosto ha puesto en evidencia la falta de presupuestos que adolecen la Generalitat y ayuntamientos para la limpieza de barrancos y cauces con el fin de evitar inundaciones. Alcaldes del Camp de Morvedre y de la Ribera no dudan en culpar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de poner en riesgo la seguridad de sus vecinos por la suciedad y maleza que inunda los cauces.
La CHJ, que debe autorizar las operaciones de limpieza, tiene competencias a la hora de evitar que nadie construya u ocupe cauces, para autorizar puentes, infraestructuras de paso y otros obstáculos que no entorpezcan o cambien el curso del agua y para construir encauzamientos, en colaboración con la Generalitat Plan Patricova en los puntos más conflictivos. Sin embargo, los residuos son competencia municipal y autonómica, y a estas instancias corresponde evitar y perseguir a quien deposita una lavadora o abandona un coche en un barranco que después tapona los ojos de un puente.
También los incendios y su prevención son competencia autonómica, así como el combate contra las especies exóticas, como la caña común (Arundo donax). Además, el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana obliga a la Generalitat a asumir todos los pequeños cauces y barrancos costeros, que son los más problemáticos en los casos de inundaciones.
Los importantes recortes en los presupuestos municipales y del Consell, así como también en las partidas del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, han convertido la limpieza de cauces en una quimera. Mientras los alcaldes cargan contra la CHJ, que ha prometido que autorizará las peticiones de los ayuntamientos tras dos años sin dar permisos para estas operaciones, la Diputación de Valencia ha puesto al servicio de los ayuntamientos las brigadas forestales de la empresa pública Imelsa para limpiar los barrancos que acumulan maleza y suciedad, asumiendo así competencias de la Generalitat y los consistorios.
