El alcalde de Teulada, Antoni Joan Bertomeu, del PP, confirmó ayer la información que reveló Levante-EMV sobre el pinchazo de sus dos líneas de teléfono, la municipal y la privada. Bertomeu, sin embargo, declinó realizar declaraciones y sólo comentó que ya había tomado las medidas oportunas, que eran «presentar la denuncia en el juzgado, que será quien determine lo que correponda».

Como ya adelantó ayer este diario, es el juzgado de instrucción número 3 de Dénia el que lleva el caso, aunque todavía no le ha asignado diligencias. Bertomeu adjuntó a la denuncia un informe técnico de una empresa especializada en telecomunicaciones que constató, en un barrido ambiental realizado en el propio despacho de alcaldía, que las dos líneas de móvil del munícipe estaban intervenidas. La empresa descartó que el pinchazo fuera mediante el sistema SITEL, que es el que utiliza el Ministerio del Interior. Concluyó que estaban «interceptados por tarjetas SIM clonadas».

La conmoción que provocó el supuesto espionaje al alcalde trascendió el ámbito político y llegó a la calle. A los vecinos les alarma la posibilidad de que su munícipe esté siendo objeto de escuchas ilegales. Pero es un caso tan escabroso que, comenzando por el alcalde, todos optan por el silencio. Los grupos de la oposición ULC y Bloc rechazon hacer declaraciones.

Sólo el portavoz del PSPV, Jordi Martínez, se apartó de esa tónica de mutismo. Mostró, desde «el punto de vista personal», su preocupación por el hecho de que estas cosas ocurran en un municipio como Teulada-Moraira. «Creo que es lamentable que suceda algo así». «Mi deseo es que se averigüe cuanto antes quien está detras de esto y se llegue hasta las últimas consecuencias».

Martínez, eso sí, dejó claro que no realizaría una valoración política, debido «al enorme calado tan profundo y peligroso de todo esto».

El munícipe presentó la denuncia el pasado 1 de agosto. La sospecha de que alguien podía estar escuchando y grabando sus conversaciones telefónicas quedó contrastada, según consta en la denuncia, el 17 de julio, cuando una empresa especializada y homologada por la Dirección General de la Policía hizo un barrido en su despacho y comprobó que su línea privada y la municipal estaban pinchadas.