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El Consell autoriza la planta de residuos animales en la Pobla del Duc que rechazó la comarca

El ayuntamiento se opone a otorgar la licencia de obras y anuncia una batalla legal para evitar la implantación de la industria

La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha autorizado la construcción de una industria de transformación de subproductos animales en suelo no urbanizable de la Pobla del Duc. La empresa Sig Renovables, SL, ha obtenido luz verde a la Declaración de Interés Comunitario (DIC) solicitada en 2010 con el objeto de implantar en la población de la Vall d'Albaida una actividad que tiene por finalidad el tratamiento de los residuos de origen animal no aptos al consumo humano incluidos los tipificados como peligrosos, de categoría 1 para generar, a partir de su valorización energética, combustible alternativo que sirva a otras industrias tales como cementeras o fábricas de cerámica. La conselleria subraya que se trata de la única instalación de estas características en Valencia.

El proyecto se fraguó durante la última etapa del exalcalde de la Pobla, pero fue cuando el gobierno municipal cambió de manos, en 2011, cuando saltó a la luz pública, generando una oleada de protestas en la comarca. Diez días antes de abandonar el PP el ejecutivo, el ayuntamiento informó favorablemente sobre la implantación de la industria. La conselleria se apoya en esos estudios para avalar la DIC frente al rechazo explícito mostrado de forma oficial posteriormente por dicho ayuntamiento junto a los de Bélgida, Otos, Quatretonda, Ráfol de Salem, Castelló de Rugat, Carrícola y Beniatjar, que comparten un paraje, el de la Ombria del Benicadell, cuyo potencial consideran amenazado. El pleno de la Mancomunitat también acordó mostrar su oposición a la planta por unanimidad.

En la fase de exposición pública del proyecto se registraron 2.655 alegaciones de particulares, empresas, consistorios o colectivos. La Pobla del Duc recabó más de 4.000 firmas contra a las instalaciones.

El gobierno municipal se opondrá a conceder a la firma la licencia de obras y anuncia una batalla legal para evitar su implantación, que primero pasa por recurrir la DIC. El alcalde duda de las garantías de la planta y teme que se convierta en un vertedero de restos de animales enfermos o infecciosos. Vicent Gomar remarca el «rechazo social» que genera un proyecto que la conselleria considera justificado por su «interés supramunicipal» y «medioambiental», dado el «ahorro energético» que defiende la empresa con la generación de energías alternativas respecto a los combustibles fósiles en el proceso de transformación de los restos animales. La DIC subraya que la planta daría salida a los residuos de los mataderos y la industria agroalimentaria de la zona y «beneficiaría al sector cementero», al proporcionarle combustible alternativo.

«Nadie de la empresa ha venido a hablar con el ayuntamiento en dos años». Gomar se reunirá hoy con otros alcaldes colindantes para plantear acciones. Asegura que mantendrá encuentros con todos los organismos que han emitido informe positivo a la implantación de la industria en el municipio, como la propia conselleria o la CHJ. Gomar considera que en la zona donde se pretende ubicar la planta «no hay luz, agua ni conducción de gas» y resalta que la autorización de la Generalitat se produce «en contra de la resolución municipal» y de los informes técnicos que muestran reparos entre otras razones porque «no se resuelven adecuadamente los enlaces a las redes de servicios básicos».

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