La residencia de mayores de Picanya, un gran edificio situado en suelo municipal y cuyas obras están paralizadas desde hace años, se ha convertido en el escenario ideal para emular incursiones bélicas urbanas como las batallas de Stalingrado y Berlín. Así lo entiende un grupo de personas que desde hace al menos un año está utilizando este gran edificio abandonado para practicar «airsoft», un juego de estrategia basado en la simulación militar y en el que se usan réplicas de armas de fuego que disparan pequeñas bolas a modo de proyectiles.
El alcalde de Picanya, Josep Almenar que no ha autorizado esta actividad por la que el grupo que organiza las partidas cobra 6 euros por jugador, asegura que las «batallas» se llevan a cabo en esta residencia con el «permiso y control» de la empresa privada a la que se le concedió la construcción del inmueble y su posterior explotación durante 50 años. Tanto es así que Almenar firmó un decreto hace unos días prohibiendo el acceso y uso de las instalaciones.
El PP de Picanya, por su parte, ha criticado la «pasividad» del gobierno local socialista ante el uso que se le está dando «a la que debía ser una de las obras emblemáticas de esta corporación, destinada a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores». «Los populares exigimos responsabilidades y nos planteamos utilizar otro tipo de iniciativas para dar a conocer el desgobierno que se vive en nuestro municipio», añadían ayer los populares en un comunicado.
El alcalde contestó a estas declaraciones aseverando que si la residencia no ha llegado a abrirse nunca «no es por dejadez del ayuntamiento sino porque la Generalitat no ha dejado tirar adelante con el proyecto ya que prefieren darle todas las plazas al señor Cotino».
Como ya ha venido publicando este periódico, el edificio construido con el objetivo de poner en marcha una residencia de mayores municipal pero de concesión privada, lleva años sufriendo destrozos y expolios. El ayuntamiento ya denunció el pasado año que con la finalidad de robar las piezas de hierro los vándalos habían roto cristales y ventanales para acceder al interior, y habían arrancado diversos elementos.
La Policía Local llegó incluso a detener en ocasiones a personas en el interior que causaban daño al edificio y los había puesto a disposición judicial, e incluso se llegó a ordenar a la empresa adjudicataria del proyecto que adoptase medidas para evitar un deterioro mayor. Por ello la firma tapió las entradas y algunas ventanas para evitar el acceso irregular pero, al parecer, nunca informó del uso del edificio para partidas de «airsoft».
