La Congregación del Sagrado Corazón de Godella ha comunicado a la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que tampoco acepta el último Plan Económico Financiero aprobado por el pleno del ayuntamiento para afrontar la sentencia del Tribunal Supremo, que condena al consistorio al pago de alrededor de 16 millones de euros por la expropiación del bosque del colegio. Ese plan, elaborado por el gobiernoformado por EU, PSPV y Bloc-Compromís, establecía el pago anual de alrededor de 200.000 euros durante los próximos 62,5 años, así como la entrega de un inmueble y parcelas urbanizables con un valor total de 3,5 millones de euros. Ese pago en especie con inmuebles y derechos urbanísticos incluía un piso de 75 metros cuadrados (valorado en 40.000 ?), un terreno urbanizable de 1.680,49 m2 (valorado en 160.000 ?), una parcela ya residencial de casi 6.000 m2 (1.589.000 ?), así como una propuesta complementaria de 6.000 m2 de techo correspondiente al aprovechamiento dotacional privado en el Parque de la Devesa con un valor de 1.721.000 euros.
Pero en su escrito de alegaciones remitidas a la jueza la congregación expone su rechazo a ese plan económico, aprobado en el pleno de enero tras ser expuesto a los ciudadanos por el alcalde Josep Manel San Fèlix (EU) y su gobierno. Entre las razones, aseguran que la propuesta es «contraria a derecho» y también supone una «reiteración» de lo expresado por el ayuntamiento en una primera oferta, de abril de 2013, que «certeramente» fue desestimada por providencia de la Sala del TSJ en junio de ese año.
Y es que las propietarias del colegio, que instaron la expropiación hace años al estar calificada la zona como red primaria de dotaciones en el Plan General de 1990, ya rechazaron la primera alternativa municipal que consistía básicamente en una compensación en especie con aprovechamientos urbanísticos. En ese primer ofrecimiento, el ayuntamiento, con un presupuesto anual de 9 millones de euros, alegó la imposibilidad del pago en metálico y ofreció hasta cuatro alternativas que pasaban por eliminar la calificación del suelo como espacio público, quitarla parcialmente donde no exista arbolado, así como la constitución de una reserva de aprovechamiento urbanístico en los sectores urbanos 25 y 26 por desarrollar. Asimismo se ofrecía la adjudicación de la parcela edificable propiedad del consistorio.
Fuentes municipales aseguraron ayer tarde que el gobierno se reunirá en los próximos días para estudiar qué hacer y si es posible un nuevo replanteamiento de la oferta.
