El ninguneo al que el Gobierno de España somete a los intereses ribereños ha vuelto a quedar en evidencia. Algo más de un año después del compromiso adquirido por el Gobierno de España con los regantes históricos del Xúquer para liberar en torno a 50 millones de euros que irían destinados a obras de modernización de regadíos en la Ribera, de momento no ha llegado un sólo euro en forma de adjudicación de contratos de obra.
El Consejo de Ministros del 21 de marzo de 2014 aprobó un plan de acciones prioritarias en la Ribera y aseguró que algunas de esas actuaciones estarían acabadas en 2014. Unos días antes de aquella reunión del Gabinete de Mariano Rajoy, el entonces ministro de Agricultura y Medio Ambiente y hoy eurodiputado del PP, Miguel Arias Cañete llegó a comprometerse personalmente con los representantes de los regantes del Júcar a financiar las obras pendientes de modernización del regadío a cambio de su abstención en la votación del Plan Hidrológico del Júcar.
Pero un año después la realidad es que a las comunidades de regantes de la Ribera sigue sin llegar un sólo euro. El plan de actuaciones prioritarias que autorizó el consejo de ministros especificaba el desarrollo «de manera prioritaria de ocho proyectos en la Acequia Real del Júcar, Acequia de Escalona y Real Acequia de Carcaixent por un importe estimado de 29,8 millones a ejecutar entre los años 2014 y 2016. Y en una segunda fase, también «prioritaria», aunque a ejecutar entre 2017 y 2019, el Gobierno se comprometía a destinar 20,05 millones a mejorar las redes de transporte y distribución en la Acequia Real del Júcar, actuaciones que se incluían también en el proyecto del Plan Hidrológico de la demarcación Júcar, aunque en realidad se trataba de obras que ya se incluyeron en el plan hidrológico anterior (1998) a cambio de la entrega del embalse de Alarcón al Estado y que no se habían ejecutado. Pero, los regantes de la Ribera tampoco quieren poner el grito en el cielo. Siguen confiando en el acuerdo del Gobierno y aseguran que algunos proyectos tienen ya todas las autorizaciones administrativas necesarias porque han tenido que ser readaptados y sólo están pendientes de la licitación y adjudicación de las obras.
