Los cuatro miembros que integraban la comisión liquidadora de la sociedad pública creada en 2006 por el Ayuntamiento de Vallada para gestionar el parque estratégico y empresarial (Valpark) han presentado su dimisión ante notario después de advertir de la existencia de numerosas anomalías en la contabilidad de la mercantil, derivadas de la anterior etapa de gobierno municipal. Un informe suscrito por el secretario detalla los obstáculos que impiden al ayuntamiento cumplir la ley y cerrar de forma definitiva la firma, cuyo último balance, de 2009, arrojaba pérdidas de más de 300.000 ?. De manera «totalmente irregular» y «sin justificación» el consistorio asumió préstamos y pagos directos a los acreedores de la empresa, entre ellos entidades bancarias, firmas privadas o la propia tesorería del Estado.
La comisión, integrada por el alcalde independiente, un concejal del PSPV, el secretario y el abogado encargado de la defensa jurídica del ayuntamiento, propuso a la Junta General de la mercantil „de la que forman parte los 11 concejales de la corporación municipal„ el nombramiento de nuevos liquidadores, pero al no surgir ningún candidato dispuesto a asumir el cargo, el ente acordó trasladar el procedimiento al Juzgado de lo Mercantil de Valencia, organismo que tiene ahora la potestad de designar a liquidadores independientes, en cumplimiento de la Ley de Sociedades .
La entidad pública municipal se creó en 2006 con el exalcalde Fernando Giner como presidente y el ayuntamiento como único socio. Los incumplimientos de las urbanizadoras de Valpark, sin embargo, frustraron el gran proyecto del PP local cuando apenas se habían ejecutado un 25% de las obras, lo que desencadenó la disolución de la mercantil, que permanece inoperativa desde hace cinco años. Tras las elecciones de 2011, el nuevo equipo de gobierno surgido de las urnas detectó las primeras irregularidades: el consejo de administración nombrado en 2007 no había cesado todavía formalmente y el Registro Mercantil había procedido cerrar la hoja de inscripción de la empresa por no haber rendido cuentas desde 2009. Además, el acuerdo de disolución adoptado en 2010 no se había llevado a término.
