El Juzgado de Instrucción número 4 de Requena ha abierto juicio oral contra el exalcalde de Chiva, José Manuel Haro, (PP) y cinco ex concejales del mismo partido por un presunto delito de falsedad documental y malversación de caudales públicos por el cobro irregular de dietas.
En un auto judicial, el juez concluye que Haro autorizó el pago de estas cantidades a los ediles Concepción Ortiz, Marcos Navarro, Manuela Criado, Óscar de Lamo y Alfonso Pinazo por «actividades en el desepeño de su cargo, sin haberlas efectivamente realizado, verificándolo en un modelo normalizado denominado «Declaración Jurada de Indemnizaciones por Desplazamiento».
Levante-EMV ya anunció el 29 de junio de 2012 que los concejales del PSPV Gonzalo Guillén, Vicente Casanova, Dolores Julián y Cristina Suárez presentaron una querella tras advertir «determinadas irregularidades en la gestión de caudales públicos presupuestados» destinados para los gastos ocasionados por el ejercicio de la labor de los concejales. Así, sostienen que durante el mandato de 2007-2011 ayuntamiento «soportó un gasto creciente en concepto de indemnizaciones, dietas básicamente a favor de miembros de la corporación pertenecientes al equipo de gobierno». Según se aduce en la querella, «algunas de las expresadas dietas se habrían devengado por desplazamientos que cabe presumir que nunca fueron realizados».
En la querella se aportan numerosos casos. Como el de la edil María Concepción Ortiz que, según los denunciantes, habría declarado y percibido una dieta de 492 euros por un desplazamiento supuestamente a Madrid y realizado el día 29 de octubre de 2010 a la Feria Internacional de recuperación y reciclaje, lo que implicaba su ausencia en Chiva, cuando «esa misma tarde estuvo presente en la localidad, asistiendo a la tradicional entrega de los Premios Otoño de esa villa», lo que los denunciantes pueden acreditar «mediante fotografías que se realizaron de ese evento y declaraciones de numerosos asistentes, entre ellos el propio alcalde, quien a pesar de todo ordenaría el abono de la dieta referida».
Más de 200.000 euros
La cuenta en la que se reflejaban estos cobros de dietas reflejaba, según los exediles socialistas «un montante que podría ser superior a los 200.000 euros», según sus cálculos.
