El juez decano de Gandia, José Antonio Navarro, se ha comprometido a llevar al órgano de gobierno de la magistratura la propuesta presentada por el Gobierno local de esta ciudad para que, a partir de ahora, en las órdenes de desahucio aparezca una notificación en la que se le informe al afectado de que el ayuntamiento dispone de un servicio de mediación hipotecaria que puede ayudarle a solucionar su situación.
Gracias al trabajo de este equipo de abogados han sido muchos los vecinos de la ciudad que han logrado la paralización del lanzamiento, la dación en pago, una moratoria o un alquiler social. De hecho, todos los casos que han pasado por manos de este servicio han encontrado una salida.
La medida que propone el Gobierno local de Gandia de incluir el aviso va destinada, en gran parte, a la población inmigrante. En muchos de los casos, cuando una persona extranjera recibe la notificación no sabe dónde acudir y, o bien acaba desahuciada sin poder hacer nada, o cuando hallan dónde agarrarse ya es demasiado tarde. De hecho, en alguna ocasión, la Plataforma d´Afectats per la Hipoteca de la Safor (PAH) se ha visto obligada a montar una concentración con solo unas horas de antelación.
La propuesta se fraguó en la reunión que el concejal de Servicios con la Ciudadanía, Nahuel González, mantuvo con Navarro hace unos días. El encuentro, en el que según el edil, el juez se mostró «muy receptivo» y «predispuesto» a ponerse del lado del Ejecutivo para evitar que más familias sigan perdiendo sus viviendas, supuso una «primera toma de contacto» entre las partes que, a la postre, fue muy productiva.
En realidad, González pretendía que cuando un juez emitiera una orden de desahucio la enviara, además de al afectado, al ayuntamiento. De ese modo, explicó el concejal, el Gobierno tenía conocimiento del caso de forma inmediata y disponía de tiempo para reaccionar. Esa propuesta choca con la Ley de Protección de Datos y fue descartada. Además, el propio juez decano la consideraba «poco productiva». No así la de incluir el aviso en el documento, algo que es muy probable que finalmente se produzca, en tanto que Barcelona o Sevilla lo hacen.
Reuniones con los bancos
El trabajo que se está realizando desde la Concejalía de Servicios con la Ciudadanía para que ningún vecino se quede en la calle por no disponer de recursos es titánico. Paralelamente a la espera de lo que decidan los jueces sobre la propuesta de informar del servicio de mediación, el departamento que dirige Nahuel González está manteniendo reuniones con las entidades bancarias de la ciudad para tratar de lograr la cesión de pisos vacíos con los que crear una cartera de viviendas sociales. «Con una de las entidades hemos encontrado sintonía y creemos que la negociación llegará a buen puerto», apuntaba González.
