Si estaba planeando abrir una actividad comercial como una gasolinera, una funeraria, un bingo o una tienda erótica en Riba-roja de Túria deberá cambiar de plan. Al menos durante dos años, periodo en el que la localidad del Camp de Túria ha paralizado la aprobación de la licencia para este tipo de negocio.
El pleno municipal ha aprobado recientemente por unanimidad la implantación en el casco urbano y en las urbanizaciones de estos comercios ante las quejas vecinales.
El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, manifestó que en el casco urbano «existen en estos momentos algunas gasolineras, funerarias o antenas de telefonía que deben ser estudiadas en una normativa legal de la que actualmente carecemos y cuya resolución se debe regular y actualizar en una ordenanza para evitar molestias o perjuicios a los vecinos, una situación que se viene arrastrando desde hace años como una asignatura pendiente de resolver históricamente en Riba-roja».
La propuesta aprobada en el pepleno destaca que estas actividades «requieren, por su repercusión en el medio urbano, una regulación específica que armonice su implantación con la defensa de otros valores ciudadanos». De esta manera el ayuntamiento «estudiará durante los dos años la ubicación definitiva de este tipo de empresas en las áreas habitadas de la localidad». Ese plazo se podrá interrumpir si transcurrido un año no se somete a exposición pública la propuesta del consistorio.
Para no encender las alarmas, los negocios de esta índole que ya están funcionan en el casco urbano se mantendrán pero, en cambio, «no se concederán nuevas licencias para abrir este tipo de establecimientos tras las quejas vecinales y las molestias recibidas desde hace tiempo en el ayuntamiento y, por tanto, se inicia un periodo en el que el gobierno local estudiará una regulación específica. La decisión de suspender nuevas licencias se toma al amparo de los artículos 64 y 65 de la ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Generalitat Valenciana», afirma el equipo de gobierno.
No en vano, el actual plan general de ordenación urbana (PGOU) se remonta al año 1996 y en él se ignora la realidad de este tipo de establecimientos comerciales, su relación y su incidencia con los vecinos y las zonas habitadas.
