22 de abril de 2016
22.04.2016

El juez llama a declarar por estafa al anterior gobierno del PP de Moncada

Investiga su responsabilidad en la decisión de la firma municipal de hipotecar suelo que ya había sido vendido

22.04.2016 | 04:15

El juzgado número 1 de Moncada ha llamado a declarar en condición de investigados a todos los miembros del anterior equipo de gobierno de Moncada que presidía Juan José Medina en 2013, y a otras siete personas. La investigación se ha abierto después de que la Fiscalía presentara contra ellos una querella por estafa en relación a la hipoteca de seis parcelas del polígono industrial III que la mercantil municipal Pemsa habría vendido previamente. Los investigados (figura que se aplica para definir a los que anteriormente se conocían como imputados) tendrán que prestar declaración ante el juez el próximo mes de julio, según han confirmado fuentes municipales y de los propios investigados.

En total son 19 las personas que han sido llamadas a declarar por el juez Joaquin Bosch, titular del juzgado número 1 de Moncada (además de portavoz de la asociación Jueces para la Democracia): Medina y sus 11 concejales en 2013, el todavía gerente de Pemsa, José Ignacio Lillo, y seis miembros del consejo de administración.

De los políticos investigados, tres forman parte de la actual corporación municipal: el portavoz del grupo municipal popular, Miguel Gallego, la concejal Mª Dolores Muñoz y el actual portavoz del grupo Ciudadanos, Jesús Gimeno, que en el momento de producirse los hechos investigados formaba parte del equipo de gobierno de Medina.

También ha sido llamado a declarar como miembro del consejo de administración de Pemsa que aprobó la operación, Miguel Benítez, que está a punto de tomar el acta de concejal en sustitución del exalcalde Medina (que dimitió en diciembre a raíz de su imputación por Taula); como también han citado a Marta García, a la que le correspondería entrar en la corporación si finalmente Benítez no tomase posesión.

Los consejeros de Pemsa serían, según denunció el fiscal, responsables de hipotecar las fincas que se habían vendido previamente, y los concejales de haber votado en el pleno a favor de esta operación.

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