La pugna entre la Diputación de Valencia y la Conselleria de Medio Ambiente a causa de la variante de Pedralba puede acabar llegando a los tribunales. Así se lo ha avisado la administración provincial al ente dependiente del Consell, ya que le han comunicado que defenderán sus intereses hasta el final en caso de que la constructora adjudicataria de las obras y los dueños de los terrenos a expropiar decidan reclamar indemnizaciones. Es decir, demandarán a la conselleria como responsable de la anulación de la variante V-175 y pedirán que se haga responsable de los costes que supone dejar sin ejecutar el proyecto, según anunciaron desde la diputación.
La postura de la entidad presidida por Jorge Rodríguez se basa en que todos sus técnicos habían dado el visto bueno a la operación que, según explican, incluso había pasado dos veces con informe positivo la declaración de impacto ambiental de la misma conselleria que ahora la ha anulado. Es más, el propio Consell certificó en febrero el proyecto de la mano de la vicepresidenta Mónica Oltra para que, horas después, Medio Ambiente lo suspendiera temporalmente y, ahora, de forma definitiva, por el posible daño medioambiental que podría generar en el Parc Natural del Túria. Una situación que desde la diputación no dudan en calificar como «surrealista, porque es raro que los mismos técnicos que dijeron que era viable digan ahora que no lo es».
Costes de hasta 500.000 euros
La anulación de esta variante podría llegar a suponer el pago de indemnizaciones que alcanzarían los 500.000 euros. A los más de 300.000 euros en concepto de lucro cesante que habría que pagar a la constructora „se le adjudicaron las obras por casi 3,4 millones„ habría que añadir alrededor de 200.000 euros por otros conceptos como los derivados de las expropiaciones de los terrenos o los costes de análisis del proyecto y asistencias técncias. En principio serían las arcas de la diputación las que deberían afrontar dicho gasto, pero Jorge Rodríguez ya le comunicó a la consellera, Elena Cebrián, y al secretario autonómico, Julià Álvaro, que tomarán las acciones legales oportunas para traspasar las responsabilidades a la Conselleria de Medio Ambiente, puesto que entienden que es ésta quien ha modificado las condiciones.
En cuanto a la búsqueda de posibles alternativas a la variante sur para sacar el tráfico rodado del casco urbano de Pedralba, en la diputación aseguran que las suyas ya están valoradas y que la más viable tanto económica como ambientalmente es, precisamente, la que acaba de ser tumbada por la conselleria. Es más, insisten en que la posibilidad de hacer la variante por el norte, tal y como defiende la Plataforma en Defensa del Paisaje, duplicaría el coste económico y que otras opciones que se han barajado son inviables desde el punto de vista de ejecución.
De hecho, técnicos de conselleria y de la diputación han buscado posibles modificaciones a la variante in situ en las últimas semanas sin llegar a ningún tipo de conclusión debido a que no se ha vislumbrado alternativa alguna en la que el precio no sea desorbitado.
