Hasta el momento se habían conocido reiterativos casos en la comarca de nuevos equipos de gobierno que debían acarrear con las deudas y los problemas de anteriores ejecutivos locales. Sin embargo, en Carlet se da ahora una disyuntiva sin precedentes. El gobierno municipal que comanda Maria Josep Ortega (de Compromís) tiene previsto abrir un expediente por desviación de responsabilidad patrimonial a la anterior alcaldesa de la localidad María Ángeles Crespo (del PP) al considerarla responsable de un pago de casi 20.000 euros que debe realizar ahora el ayuntamiento por intereses de demora a la empresa adjudicataria de la residencia La Llum de personas con discapacidad psíquica.
La problemática surgió en el año 2011 cuando el equipo de gobierno de la entonces alcaldesa Crespo empezó a demorar el pago de los servicios prestados a la empresa adjudicataria. Exactamente se retrasaron en treinta y una facturas que generaron unos intereses de demora que ahora la compañía reclama al ayuntamiento. En el escrito, la empresa apela a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que en varias ocasiones ha recordado que los intereses de demora se generan de forma automática cuando se produce un impago. El PP (que ostentaba la alcaldía en el momento de los retrasos) aceptó ayer (como también en el pleno municipal celebrado esta semana) por medio de su portavoz, Laura Sáez, que se produjeron dichos impagos pero defendió que eran fruto de un pacto verbal con la empresa para forzar el pago de la subvención que debía llegar desde la conselleria.
Se contaba, según Sáez, con el beneplácito de la empresa adjudicataria «pero sólo verbal, lo que nos hemos dado cuenta de que fue un error porque ahora han cambiado de opinión. Lo que no vemos claro es por qué no empezaron a reclamar los intereses de demora desde el principio y sí lo hacen ahora. Me pregunto si es un pacto al que han llegado con la alcaldesa Ortega».
