El Director General de Cambio Climático de la Generalitat Valenciana, Joan Piquer, de Compromís, presentó la semana pasada una alegación al presupuesto del Consorcio Valencia Interior (CVI) en la que demanda que el sueldo que cobra el alcalde de Llíria, Manolo Civera (PSOE), como presidente de este órgano supramunicipal que gestiona las basuras de 5 comarcas, le sea retirado. El alto cargo de la Generalitat complementa una propuesta que ya realizó en mayo el alcalde de Chiva, Emilio Morales, también de Compromís, en la misma línea y plantea que se cree una partida de un máximo de 60.000 euros para pagar a todos los representantes institucionales del CVI por sus asistencias a asambleas, juntas de gobierno o comisiones específicas. Manolo Civera tenía asignado un sueldo de 33.600 euros anuales y lo que se hará es quitársela a la presidencia y ampliarla hasta esos 60.000 euros, para que todos los representantes de las instituciones —Generalitat, Diputación y ayuntamientos— que lo soliciten, puedan percibir una dieta por asistencia al CVI. Por ejemplo, el propio Joan Piquer no cobrará porque ya tiene unas retribuciones de la Generalitat y entiende que los alcaldes con dedicación exclusiva en sus ayuntamientos tampoco, «pero sí deben hacerlo los concejales de poblaciones que no tienen retribuciones de sus consistorios y que pertenecen a poblaciones pequeñas de los Serranos o el Rincón de Ademuz». Se da la circunstancia que Civera no tiene ningún otro sueldo pues en Llíria no está liberado y sólo cobra unos 600 euros entre asistencia a pleno y juntas de gobierno del consistorio edetano. Por tanto, si se le quita el sueldo del CVI tendrá que volver a la administración autonómica, donde está en excedencia.
Tal como explicó el director general a Levante-EMV, el criterio de la Generalitat es que los presidentes de los consorcios de la Comunitat no perciban ninguna retribución por el cargo. «Como ocurre en el resto de consorcios valencianos, también donde hay presidentes y presidentas socialistas, porque no hay ninguno que tenga un retribución anual», dijo Piquer. Además, el director general defiende el criterio de que los consorcios tienen que caminar «hacia la profesionalización técnica de su gestión y no hacia la institucional». De hecho, su plan pasa por fortalecer la figura de los gerentes —que en el CVI ya existe— y mejorarlo con un responsable de contratos, que podría ser compartida entre varios consorcios. A su juicio, «no hay que hacer una lectura política» de lo ocurrido ni entender que habrá un conflicto institucional entre los socios de gobierno en el Consell, PSPV-PSOE y Compromís. Se trata de dibujar un nuevo modelo de gestión «menos presidencialista y más municipalista», enfatizó.
No en vano, dice Joan Piquer, la Generalitat negocia con las diputaciones desprenderse de parte del accionariado en los consorcios para convertir a las instituciones provinciales en las administraciones con más peso específico en estos órganos supramunicipales.
En el CVI, la Generalitat cederá un 6% de su 25% y pasará a tener un 19%; y será la Diputación, la administración supramunicipal mayoritaria, al pasar del 15% actual al 21%. Esto se hará para cumplir la ley nacional de sostenibilidad que fija este requisito normativo para efectuar la valorización de los residuos en los municipios.
El CVI está formado por representantes de la Generalitat —que posee el 25% del voto ponderado—; la Diputación, que tiene el 15%; y 60 ayuntamientos de los Serranos, el Rincón de Ademuz, el Camp de Túria, Requena-Utiel y la Hoya de Buñol-Chiva, que se reparten el 60% restante, en sufragio ponderado en virtud de su población y extensión.
La propuesta de quitarle la retribución a la presidencia se volverá a debatir en una asamblea extraordinaria que se celebrará el próximo viernes 10 de junio, en la planta de Llíria. Será la segunda vez que se lleve ante la asamblea esta solicitud que ya planteó el alcalde de Chiva, de Compromís, con el apoyo del diputado provincial en el CVI, Josep Bort, también de la coalición taronja. Entonces, en la asamblea general celebrada el pasado 11 de mayo, el intento de quitarle el sueldo a Manolo Civera se quedó sobre la mesa, hasta buscar la fórmula legal adecuada. El CVI funciona en estos momentos con un presupuesto prorrogado que se debatió en diciembre de 2015. Joan Piquer ha intervenido para cambiar la partida de personal y que el presupuesto se apruebe definitivamente. Sus tesis son compartidas por el diputado provincial y alcaldes de su partido; y también del PSOE, concluyó.
Reacciones
Por su parte, el alcalde de Llíria, Manolo Civera, interpreta la decisión de quitarle sus retribuciones económicas en clave política: «Compromís va a generar un conflicto institucional y a abrir un nuevo frente en el campo de los residuos: allá sus representantes en el CVI, que se han dejado conducir a este lío por el diputado autonómico, Paco García». A su juicio, la figura del presidente en el consorcio es necesaria y tiene que marcar «una línea política de actuación, además de la técnica». En su opinión, «los componentes de la junta de gobierno y de la asamblea también deben cobrar por su trabajo» pero la idea de quitarle su sueldo surge de García, líder de Compromís en Llíria y exsocio de gobierno local de Civera.
