La planta cementera de Buñol, de la multinacional Cemex, ha solicitado una ampliación con más cantidad de toneladas y una mayor variedad de residuos tóxicos y peligrosos que las previstas en el permiso administrativo que tiene en este momento. La Conselleria de Medio Ambiente tiene que decidir antes del 9 de abril si concede la AAI, la Autorización Ambiental Integrada, a la cementera en los términos que ha solicitado y que rechazan los colectivos cívicos y sociales agrupados en la Plataforma Aire Limpio.
El alcalde de Buñol, Rafael Pérez (IU), ha declarado a Levante-EMV que está «en contra de la ampliación» de la licencia administrativa para incinerar más toneladas y de que se incremente el abanico de los residuos considerados tóxicos o peligrosos que se pueden quemar en la planta. La postura institucional del alcalde y del equipo de gobierno de izquierdas es de rechazo a la incineración en la cementera como fórmula alternativa para generar combustible y para ahorrar costes de producción a la fábrica: «No vamos a consentir que Cemex se convierta en una incineradora encubierta: básicamente queremos que siga siendo lo que es, una fábrica de cemento».
Rafael Pérez recordó que el Ayuntamiento de Buñol en pleno más otros municipios de la Hoya de Buñol-Chiva como Cheste, Chiva, Macastre, Alborache y Yátova rechazan la incineración en la cementera. El consistorio presentó alegaciones en contra de que se amplíen el número de toneladas susceptibles de ser quemadas y de otras cuestiones. «Suponemos que serán tenidas en cuenta por el secretario autonómico Julià Álvaro y por el director general de calidad ambiental Joan Piquer pero no hemos tenido ninguna noticia más de la conselleria y la verdad es que la comunicación con ambos no es fluida», enfatizó el alcalde.
Permitir la incineración o valorización de residuos peligrosos en la cementera no es una competencia municipal sino de la Generalitat. De hecho, la AAI vigente fue concedida por el el ex director general Jorge Lamparero, del PP, en 2006 y el marco normativo que daba vía libre a incinerar tóxicos en las cementeras lo impulsó la administración de José María Aznar.
