La Conselleria de Territorio ha comenzado a reclamar documentación a las explotaciones mineras de Villar del Arzobispo «para regularizar las actividades de estas empresas», a petición del ayuntamiento de esta localidad valenciana, tal como confirmó ayer el alcalde Vicente Portolés (IU)
Tras las quejas vecinales y las protestas de los colectivos ecologistas, el nuevo equipo de gobierno municipal, formado por Villar Puede, IU y PSOE, trata de comprobar que los permisos y concesiones que tienen las minas «se corresponden efectivamente con los trabajos que desarrollan» y que suscitan un notable rechazo social. Vicente Portolés (IU) recordó que estas empresas generan empleo y riqueza en el municipio pero asimismo provocan «un gran impacto» en la salud de los ciudadanos y en el territorio y el medio ambiente.
El alcalde señala que se han trasladado a la Generalitat las quejas vecinales que tienen que ver con la elevada cantidad de polvo en suspensión provenientes de las minas cercanas al casco urbano, que perjudican a los vecinos de Villar, generando «una gran nube sobre el pueblo cuando hay viento intenso». Esto se traduce en problemas respiratorios; acumulación de polvo en coches, calles y casas; y en molestias de todo tipo. Las mediciones realizadas por la Conselleria de Medio Ambiente hace pocos meses arrojaron datos muy preocupantes pues «durante al menos 8 días» se superaron parámetros perjudiciales para la población. Ahora, se va a instalar una nueva estación de medición, en el matader, un lugar más cercano a las explotaciones mineras, para recopilar nuevos datos y actuar en consecuencia.
Pero el impacto en la salud pública es sólo una parte del problema ya que la propia actividad extractiva resulta altamente perjudicial para el medio natural, tal como denuncian colectivos como Ecologistas en Acción o la plataforma Por una Serranía Viva. Estas organizaciones revelan que la Rambla del Villar sufre graves afecciones por las escorrentías de aguas y el transporte de residuos procedentes de las minas cercanas. El alcalde no sólo es consciente de este problema sino que además lo amplía a los pueblos cercanos por cuyo término discurre la Rambla de la Castellarda.
La movilización ciudadana se ha traducido en la organización de varias jornadas de concienciación y análisis sobre la minería y su reconversión paulatina a modelos más sostenibles.
Fue en el marco de una de estas jornadas, que contó con la presencia del secretario autonómico de Medio Ambiente Julià Álvaro y de la diputada de Podemos, Beatriz Gascó, donde se produjo el presunto intento de agresión a la comitiva ciudadana y ecologista por parte del operario de una mina. Como publicó Levante-EMV, un minero trató de embestir presuntamente con una excavadora a varias personas y llegó a esgrimir un mazo contra la comitiva en la que figuraba el propio Julià Álvaro. Mientras autoridades municipales y representantes de esta coordinadora cívica se han reunido ya con altos cargos de Medio Ambiente para tratar de poner soluciones. Y el propio alcalde está citado a primeros de marzo en Valencia para tratar el problema.
