La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo tienen en marcha en este momento sendos expedientes abiertos contra una explotación minera de la localidad, en los que han dictaminado el cese de la actividad por el incumplimiento de la normativa urbanística autonómica y por la falta de licencia municipal para la misma. Los recursos administrativos interpuestos por el empresario minero -según confirmaron en la Conselleria y en alcaldía- han permitido que lleve más de 9 meses al menos funcionando pese a que ambas administraciones le han apercibido de cierre y además le han informado de que no puede legalizar su situación en las actuales condiciones.
Tal como publicó Levante-EMV, a finales de 2016, la dirección general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje recibió una denuncia de Ecologistas en Acción sobre una de las concesiones mineras que funcionan en Villar del Arzobispo, cuya empresa tiene su sede social en Higueruelas y al parecer también opera en otra mina de la Serranía.
Según fuentes de la Conselleria, la explotación «se encuentra en suelo no urbanizable» y «no dispone de licencia ni municipal, ni ambiental ni de actividad para desarrollar la actividad minera».
Los técnicos de la dirección general de Ordenación del Territorio «comprobaron la situación y se inició un expediente para requerir a la empresa la legalización de su actividad. Han pasado los meses de trámite de audiencia y la empresa no ha demostrado la obtención de las licencias necesarias», explicaron las mismas fuentes. «Ante los hechos constatados que constituían una actuación que contraviene la ordenación urbanística», la administración autonómica ordenó «mediante una resolución la restauración de la legalidad urbanística que implica el cese de actividad». A su vez, la mina recurrió este acto concreto del cierre, y ayer, fuentes del departamento dirigido por María José Salvador indicaron que la Conselleria rechazó el recurso por improcedente y ordenó a la policía autonómica que comunicase el cese en la mina, como así ocurrió. Al día de hoy, Ordenación del Territorio trabaja con sus servicios jurídicos para determinar cómo se tiene que ejecutar la clausura tras «hacer caso omiso la empresa» a los requerimientos, informaron las mismas fuentes a Levante-EMV.
Por su parte, el alcalde de Villar del Arzobispo Vicente Portolés avanzó a este periódico que el secretario del consistorio está estudiando la fórmula legal más adecuada para cerrar la actividad minera «porque no tiene licencia y no la ha tenido nunca». El ayuntamiento villarense -gobernado hoy por IU y PSOE- ha ordenado el cierre a la mina porque carece de este permiso pero el empresario lo ha recurrido de modo que la clausura no se ha podido hacer efectiva. El alcalde está decidido a cerrar la explotación. «Al menos, de momento, y hasta que consiga los permisos pertinentes si es que le pueden dar». Ahora están dando los pasos adecuados para que se cumpla la legalidad con todas las garantías necesarias para el pueblo, señaló. Mientras, Portolés entiende que la Generalitat, dado que se ha incumplido la normativa autonómica, debe proceder a clausurar ya por su parte.
Con todo, cuando se ponga fin a estos procedimientos administrativos, la empresa minera aún estaría facultada para llevar a los tribunales a ambas administraciones.
Quejas por la contaminación
Tanto Ecologistas en Acción como el Centro de Estudios de la Serranía y la Plataforma por Una Serranía Viva han denunciado en repetidas ocasiones el impacto ambiental de la minería, por el polvo procedente de las explotaciones y su perjuicio para la salud y los pulmones de los villarenses. Este lunes, tanto Ecologistas como el Centro de Estudios han vuelto a advertir que los vientos intensos provocaron un efecto de Tormenta del Desierto sobre el pueblo y el resto de pueblos de La Serranía. «Los valores registrados en la estación ubicada en la Hoya Gurrea superaron 7 veces la cantidad máxima permitida por la directiva europea 2008/50 C en cuanto a la acumulación de polvo de sílice», señalan ambos colectivos que concentran el mayor problema en el IES Serranía donde los escolares sufren «el polvo y un aire irrespirable».
