El Ayuntamiento de Chiva no cederá en la orden de cierre de la zona de acampada del complejo Natur Caravaning. Hoy a las 10.00 horas está previsto que la Policía Local precinte el área que carece de licencia de actividad. Sin embargo, no hay amenaza de desalojo de los inquilinos que ocupan esas parcelas del recinto.
De hecho, en la denuncia efectuada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) a la empresa -a la que ha tenido acceso Levante-EMV- no se pide el precinto del asentamiento. Según reza el documento en el apartado de hecho denunciado los agentes realizaron una inspección por no aportar la Licencia Ambiental e inicio de la actividad como camping, y notificaron al ayuntamiento que consideraba que infringía la Ley de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. Además, en la denuncia pide que se comunique al Seprona si se inicia un procedimiento sancionador o no, y en caso positivo saber cual era la resolución de la pena.
Es por esto que los servicios jurídicos del ayuntamiento procedieron a efectuar la orden de precinto de la zona de acampada según señalaron fuentes municipales.
Este hecho fue informado a los inquilinos y las propietarias del complejo en una reunión que tuvieron el miércoles por la tarde con representantes municipales. En la misma se encontraban una veintena de clientes del camping, las dos propietarias con su abogada, el letrado municipal, el alcalde, Emilio Morales; el teniente de alcalde, Fernando Casanova; y la concejala de Bienestar Social, Cristina Suárez. En la cita se comunicó a los afectados que «los desalojos los tiene que dictar un juzgado a nadie se le va a tirar de allí», comentaron fuentes municipales.
Asimismo también estuvieron presentes miembros de la Plataforma por Afectados por la Hipoteca y el Capitalismo de la Hoya Buñol-Chiva (PAHC) para asesorar a los residentes del asentamiento.
La PAHC con los clientes
«Los vecinos pensaban que era un desahucio pero cuando revisamos la documentación vimos que era un precinto de actividad», cuenta David Pujal de la PAHC. «Como plataforma informamos que al no tener actividad, los contratos no son legales. En un camping legalmente no se puede vivir y el máximo de alquiler es de un año por lo que lo seguros de riesgo no les cubrirían, ellos no lo sabían», explicó Pujal. «Pueden estar en un terreno viviendo, pero corren un riesgo como cualquier persona que vive en un sitio de manera ilegal», concluyó Pujal.
Por su parte, la propiedad declaró que ya estaba cesada la actividad y que no cobraría a los inquilinos.
