Para muchos ciudadanos, el caso Fabra, presidente de la Diputación de Castelló, es un formidable escándalo de inoperancia judicial con pocos precedentes, tanto por su amplitud como por su duración. El caso Fabra se añade, de este modo, a los escándalos de Jaume Matas y de los alcanzados por el Caso Gürtel, todos destacados dirigentes del PP. Los datos que ayer ha proporcionado el diario El País, que de vez en cuando ha recordado al personaje y sus ´hazañas´, siempre pendientes de ser enjuiciadas, señalan ahora que la investigación judicial abierta por presuntos delitos contra la Administración Pública (cohecho, tráfico de influencias y prevaricación) y fraude fiscal contra Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castelló y líder provincial del PP, encara la recta final. Los peritos judiciales están rematando su informe sobre el marasmo de ingresos y cuentas corrientes (cerca de un centenar) del dirigente político y sus familiares directos. Y los datos que aporta resultan abrumadores: Los bancos tardaron más de dos años en detallar sus movimientos; Hacienda detectó un desfase de 600.000 euros en su patrimonio en 1999; en el periodo auditado figuran 240 entregas de dinero en metálico, y también ingresó en sus cuentas más de 130 cheques por 2,7 millones de euros.
Según fuentes conocedoras de tales pesquisas, el resultado de las investigaciones, que ha contado con el apoyo de Hacienda, no puede ser más devastador para la imagen de este político del PP. Al contrario que en otros casos, el partido no ha sancionado ni obligado a dimitir de sus cargos institucionales a Fabra, a quien presta todo el apoyo desde hace años a pesar de su imputación judicial y las evidencias en su contra. Indica el informe periodístico que durante los seis años auditados, Fabra obtuvo abultados ingresos sin aparente justificación. Ni guardaban relación con sus fuentes de ingresos conocidas –un salario como presidente de la Diputación de Castelló cifrado en 1999 en 73.000 euros–, ni tenían que ver con cuentas institucionales, ni su forma de entrega (en efectivo o con talones al portador) parecía responder a la economía de un cargo público. En definitiva, «se ha repetido, año tras año, el modus operandi de 1999, año en el que Fabra ya fue acusado de delito fiscal». Y en estos casos se invierte la carga de la prueba: es a él a quien le toca justificar esos ingresos que no declaró a Hacienda.
Fabra, a través de sus cuentas personales o familiares, registró en el periodo auditado (1999-2004) más de 240 entregas de dinero en metálico por un monto de casi 1.800.000 euros, cuando su sueldo oficial acumulado como presidente en la Diputación en ese tiempo no superó los 500.000. Es decir, por esta vía ya ingresó unas cantidades equivalentes a 24,6 veces su salario de todo un año. La técnica no era de mero goteo de cantidades discretas. En ocasiones, de una sola vez recibía fajos de billetes por valor de 65.000, 41.000, 39.500, 32.000 o 31.000 euros... Con una semana de diferencia, en diciembre de 2002, ingresó sendas sumas de 26.000 euros. Sus dos chóferes ya han confesado que ingresaron por orden de Fabra dinero en metálico en sus cuentas.
Pero no acaban aquí los ingresos bajo sospecha que han sido analizados por los peritos a instancias de la juez del caso. A lo largo de los seis años investigados, Fabra ingresó en sus cuentas más de 130 cheques, muchos de ellos al portador, por un valor de más de 2.700.000 euros. Es tanto como decir que ingresó casi 37 veces su sueldo anual por esta vía.
Hay un tercer canal que nutre las cuentas del presidente de la Diputación y líder del PP de Castelló: las transferencias bancarias. En el periodo investigado, sumó cerca de 80 operaciones de ese tipo con un monto total de casi 800.000 euros. Es decir, 11 veces su salario anual. Por último, registra una treintena de abonos que suman casi 30.000 euros. En total, las operaciones de ingreso sospechosas y supuestamente ajenas a sus retribuciones oficiales superan los 5,3 millones de euros. Suman tanto como 73 veces el salario oficial anual de Fabra.
El informe pericial pone fin a seis años de investigación de unas cuentas presuntamente vinculadas a Fabra que han supuesto el examen también de las de sus parientes más cercanos. Pero no ha sido la lentitud de la Justicia ni de la Fiscalía Anticorrupción lo que ha eternizado esta causa, sino la falta de respuesta de los bancos, que tardaron dos años en informar de los movimientos del clan Fabra. Y tras requerirse mediante registro el soporte de cientos de operaciones sospechosas en 2008, hasta primeros de 2009 no se entregó lo fundamental de esos papeles, que luego hubo que cruzar con los datos de Hacienda.
Ahora, con el informe pericial en la mano, el fiscal anticorrupción encargado del caso, Luis Pastor, podrá empezar a perfilar sus conclusiones acusatorias. El bosque del centenar de cuentas de Fabra se ha despejado. Y la vida económica de este dirigente del Partido Popular, también. Sólo falta que los jueces determinen si hay, y en qué grado, responsabilidades penales.
