Jueces y fiscales se acusaron ayer mutuamente del error judicial que ha dado al traste con siete años de investigación y de diligencias del caso Fabra. Ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni la Fiscalía General del Estado (FGE) asumen ahora la responsabilidad de que ninguna de las partes en el proceso se haya planteado paralizar el plazo de prescripción de al menos cuatro de los cinco delitos fiscales de los que se acusa al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra. La Agencia Tributaria denunció por escrito el supuesto fraude cometido por el mandatario del PP en el año 1999, lo que según ellos interrumpió la prescripción, pero nadie se preocupó de formalizar las restantes denuncias por los delitos contra la Hacienda Pública detectados entre los años 2000 y 2003. Y este defecto de forma provocó, a juicio de la Audiencia, la indefensión de Fabra.

Fuentes autorizadas del CGPJ aseguraron ayer que "es el fiscal quien impulsa la investigación y no corresponde a los jueces poner denuncias para paralizar la prescripción". Las mismas fuentes insisten en que el máximo organismo de gobierno de los jueces españoles no tiene competencias para llevar a cabo un acto de interposición, como una denuncia o una querella, que evite la prescripción de los delitos. "Nosotros no vamos a abrir ninguna investigación para saber lo que ha pasado. Habría que preguntarle a la Fiscalía", asegura el portavoz del Consejo.

Tras recabar la versión del CGPJ, Levante-EMV se puso en contacto con la Fiscalía General del Estado, quien a través de uno de sus portavoces confirmó que "desde aquí no hay intención de abrir ninguna investigación ni de buscar responsabilidades".

Las fuentes de la Fiscalía recordaron que en este tipo de casos, cuando se comete algún tipo de deficiencia judicial, "todos quieren escurrir el bulto", y añadieron que "el fiscal ha hecho su trabajo y todo lo que nos queda es recurrir ante el Supremo el auto de la Audiencia Provincial de Castelló".

A pesar de que el tribunal castellonense ha dado un duro varapalo a la instrucción del caso Fabra, la Fiscalía Anticorrupción sigue manteniendo la misma tesis. "Nosotros creemos que la decisión de la Audiencia no es correcta, ella sabrá por qué toma esa decisión". Desde que estalló el caso Fabra, a finales del año 2003, el fiscal Anticorrupción siempre ha defendido la misma posición sobre la caducidad de los delitos contra Hacienda. "Consideramos que con la denuncia por el fraude del año 99 basta para interrumpir la prescripción de todos los delitos de años posteriores. Y eso fue lo que hicimos", insisten las fuentes de la FGE. El fiscal Anticorrupción adscrito al caso, Luis Pastor, ya ha interpuesto el escrito que anuncia la presentación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo. "Lo hemos hecho antes de los cinco días que establece la ley para que no corra el plazo", añade el portavoz.

Por otra parte, desde el Ministerio de Justicia se asegura que "no podemos hacer nada porque el ministerio no toca asuntos judiciales", añade una portavoz.

La causa queda parada durante un año

La causa de Carlos Fabra quedará paralizada por completo durante un año, según ha admitido la UCE -personada como acusación particular en el proceso-, hasta que el Tribunal Supremo tome una decisión sobre el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción.

De cualquier manera, un año más se celebrarán unas elecciones sin que se aclare en los juzgados si el presidente de la diputación es culpable o inocente. La próxima primavera se celebran comicios locales y aunque Fabra ha anunciado que no se presentará como candidato, la ciudadanía irá a votar, como desde hace 7 años, bajo la sombra de la corrupción, un tiempo en el que hasta nueve jueces y cuatro fiscales han pasado por el Juzgado de Nules, favoreciendo la dilación del proceso.