El Consell anunció ayer que los funcionarios de la Ciudad de la Justicia de Valencia que fichan y se marchan tendrán «el correctivo necesario». Rafael Blasco, conseller que ha asumido las competencias de Justicia, aseguró que desconocía el fraude —adelantado en exclusiva por Levante-EMV—, pero garantizó que se adoptarán «medidas para evitar este tipo de actuaciones, que son incorrectas». El conseller insistió en que «estos comportamientos» son «indignantes y reprobables desde todos los puntos de vista».

A pesar de la denuncia hecha pública ayer, algunos funcionarios que todavía no habían leído el periódico continuaron con su rutina diaria de fichar y marcharse. Un ejemplo es el de un hombre y una mujer que al igual que el día anterior llegaron en un Audi de color oscuro antes de las ocho de la mañana, ficharon y se fueron a llevar al colegio a un escolar vestido de uniforme que llevaban dentro durmiendo. Lo curioso es que ninguno de los dos funcionarios se quedó en la Ciudad de la Justicia a cumplir con su trabajo después de fichar.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar de la Oliva, mostró ayer su preocupación por el problema. De la Oliva advirtió: «Los horarios se han de cumplir. No podemos decir nada más. Los funcionarios tienen que ser conscientes de sus obligaciones. Entre sus obligaciones está cumplir con su jornada laboral, igual que yo lo hago. Los profesionales debemos respetar nuestro horario».

Fuentes de la Conselleria de Justicia aseguraron ayer que ya trabajan para evitar el fraude de los funcionarios que paran el coche junto a la puerta trasera de la Ciudad de la Justicia, saludan al vigilante de seguridad, pasan su dedo por el sistema de control de huella y se van. Rafael Blasco hizo una «crítica clara a unos comportamientos que resultan indignantes. Vamos a ver qué medidas se pueden adoptar para evitar este tipo de actuaciones fraudulentas».

El conseller recordó que la Ciudad de la Justicia de Valencia tiene un sistema de verificación de horarios «muy avanzado tecnológicamente. Lo que ocurre es que hay personas que son capaces de actuar de forma incívica y sin ningún tipo de responsabilidad profesional. Adoptaremos las medidas necesarias para evitar estas conductas que son incorrectas», sentenció.

El conseller denunció que «los funcionarios que actúan fraudulentamente engañan no solamente a la Administración que les paga, sino al resto de empleados públicos de la Ciudad de la Justicia que trabaja de forma correcta. Estas personas deben tener el correctivo necesario, que es lo que vamos a estudiar».

La Conselleria de Justicia implantó el control biométrico en noviembre de 2006 para evitar el absentismo después de que los jueces valencianos se quejaran de que algunos funcionarios trabajan una media de veinte horas a la semana. Los funcionarios de la Conselleria de Justicia están obligados a trabajar treinta y siete horas y media a la semana. La parte principal del horario, que la conselleria denomina tiempo fijo o estable, es de cinco horas y media, a realizar de lunes a viernes entre las 8.30 horas y las 14.30 horas. La parte flexible —que son las otras dos horas diarias que deben trabajar— se la pueden distribuir entre las 7.30 y las 9.00 horas, y entre las 14.00 y las 19.00 horas. La resolución del calendario laboral precisa que el incumplimiento «injustificado de la jornada» dará lugar a una reducción del sueldo.

Hasta la denuncia hecha pública ayer, que los implicados en el fraude fueron conociendo a la largo de la mañana, los funcionarios más madrugadores entraban por la puerta trasera de la Ciudad de la Justicia a las 7.40 horas, pero pocos se quedaban.

La Conselleria de Justicia sólo ha podido implantar el sistema de control de horarios mediante huella en los juzgados de las ciudades de Valencia, Castelló y Elx por la oposición de los sindicatos y los funcionarios. Fuentes de la conselleria explicaron ayer que en Castelló se está utilizando desde la semana pasada y se ha producido un gran rechazo.

La Generalitat invirtió en 2005 un total de 87.208 euros en el sistema de control biométrico de la Ciudad de la Justicia, pero tardó dos años en ponerlo en marcha por la resistencia de los funcionarios. En la Ciudad de la Justicia hay instaladas 15 terminales. Los funcionarios tienen que detenerse unos segundos ante la máquina para introducir un código personal y, a continuación, colocar el dedo índice en una ranura cuyo sensor capta la huella digital. Cada trabajador tarda entre 5 y 6 segundos. En la secuencia de las imágenes captadas por este periódico se observa que los empleados públicos tardan menos de medio minuto en entrar y salir de la Ciudad de la Justicia ante la mirada impasible de los vigilantes de seguridad o de los guardias civiles. Uno de los agentes explicó ayer que hasta ahora no tienen órdenes de actuar contra los funcionarios que engañan a la Administración.

Malestar entre los sindicatos por la revelación del engaño

La revelación del fraude generó ayer un gran malestar entre los funcionarios y los sindicatos. UGT y CSI-CSIF advirtieron de que no están dispuestos a denunciar a los trabajadores que «se escaquean». La formación STAS-Intersindical Valenciana emitió un comunicado en el que rechazó «tajantemente que exista un incumplimiento de horario por parte del personal de Justicia» a pesar de las imágenes de vídeo y las fotografías que revelan el engaño. Un portavoz de UGT admitió, como demuestran las imágenes, que «hay funcionarios que se saltan el horario» y el que «se puede escaquear diez minutos lo hace», pero insistió en que no van a denunciar a los que no cumplen. Un delegado de CSI-CSIF aseguró que los que fichan y se van «podrían ser notificadores», aunque ninguno de ellos sale con documentos de la Ciudad de la Justicia y todos tardan menos de treinta segundos en entrar y marcharse. El sindicato CSI-CSIF afirmó abiertamente que está «en contra de la información de Levante-EMV» porque «los funcionarios cumplen con su horario». Los representantes sindicales coincidieron en apuntar que los empleados de la Administración son víctimas de una campaña de acoso y consideraron normal lo que está pasando. La información también generó el enfado de algunos funcionarios de los juzgados que aseguraban que sí cumplían con su trabajo y que excusaban a los que no lo hacían. Una de las funcionarias insistió en que tienen muchos problemas para aparcar y estimó absolutamente normal la conducta de sus compañeros que burlan el sistema de control de huella. ramón ferrando valencia