La Fundació Vives per l´Humanisme i la Solidaritat, entidad controlada por el sector cristiano del PPCV y a la que está muy vinculado el actual presidente de las Corts, Juan Cotino, quien participó en su creación en 1995 como patrono y tiene a su gerente, Ángel Mínguez, como asesor, no tenía que esforzarse en exceso a la hora de «engordar» las actividades que debían justificar la subvención anual que le concedía el Consell desde 1999. Una cláusula introducida en el convenio de 2003, según reveló ayer el diputado de Esquerra Unida en las Corts Ignacio Blanco, facultó a la entidad a cargar «gastos generales de administración de la fundación» a la ayuda anual inyectada por el Consell, hasta un máximo del 20%. Un porcentaje que Blanco, a la luz de la Ley General de Subvenciones advirtió que «no parece muy regular» y que, en todo caso, consideró «absolutamente desproporcionado», al apuntar que las asociaciones que reciben subvenciones «pueden, previa justificación, imputar entre un 5% y un 7%».

Tal como publicó este periódico, la Fundació Vives ha recibido desde 1999 subvenciones de la Generalitat por al menos 277.000 euros €que podrían elevarse hasta los 355.000€ por la realización de actividades como conferencias de Carlos Iturgaiz, Jaime Mayor Oreja o responsables de FAES, así como visitas guiadas a puntos de interés turístico-cultural en Valencia o «reuniones de trabajo con empresarios». Para amparar esta inyección económica, el Consell firmó en 1999 un convenio marco con la entidad y luego otro singularizado para ese ejercicio, con una ayuda de 18.000 euros. Entre 2000 y 2002 no hay convenio o el Ejecutivo no se lo ha entregado a EU, por lo que no se sabe si se prorrogó, ya que las presupuestos sí preveían fondos en una partida genérica. En 2003 vuelve a rubricarse un nuevo convenio, con una novedad: la posibilidad de que la fundación impute sus gastos generales €como luz, agua, etc.€ con cargo a la subvención, hasta un 20% del dinero. En 2003 la ayuda fue de 20.000 euros, por lo que se pudo cargar hasta 4.000 euros para su funcionamiento. De 2004 a 2008 la inyección se elevó a 30.000 euros, lo que le permitió gastar sin justificar con actividades hasta 6.000 euros anuales. En 2008 la ayuda bajó a 25.000; en 2009 fue de 34.500 y en 2010, de 16.500. Para el presupuesto de 2012 hay fijados 12.000.

La ley de subvenciones señala que los costes indirectos «habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas», para añadir acto seguido: «en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad». Blanco, quien ha solicitado la documentación justificativa de todos los gastos subvencionados por el Consell, advirtió que esa cláusula limita la imputación de gastos al periodo en que se prepara y realiza la actividad. Además, el 20% es un porcentaje, dijo, que causará «escándalo y sorpresa en el resto de asociaciones». Para el diputado, el Consell se dedicó a «sostener con fondos públicos una fundación privada del entorno del PP».

Fuentes cercanas a Cotino indicaron que el titular de las Corts se salió del patronato en 2002-2003, tras volver a Valencia como delegado del Gobierno y defendieron que el Consell subvencionó esta entidad como hace con otras muchas.