El Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) ha gastado al menos 71.000 euros en consultoras externas para que le asesoren sobre cómo salvar sus cuentas mediante despidos. La última contratación, por valor de 28.000 euros, se ha realizado con el despacho de abogados Broseta por el asesoramiento sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 252 trabajadores de la actual plantilla del organismo público. Se da la circunstancia de que el IVVSA ha recurrido a esta firma cuando todavía no tiene sobre la mesa el plan de viabilidad que encargó a finales de 2011 a la consultora Prices Waterhouse por 43.000 euros. A esta última firma se le encargó un diagnóstico sobre el modelo de negocio. El objetivo era estudiar la viabilidad del organismo y plantear posibles salidas a la crisis. Sin embargo, con el encargo recién realizado, el IVVSA decidió de antemano contratar otra consultora para que le llevara el ERE.
El plan de despidos, uno de los muchos que está afectando a las empresas y entes de la Generalitat, fue adjudicado al conocida firma de abogados en tiempo récord, según consta en el expediente al que ha tenido acceso este diario. Broseta Abogados está dirigido por Manuel Broseta, a la sazón hermano del actual número dos de la Conselleria de Economía. En concreto, Bruno Broseta es secretario autonómico del sector empresarial, un cargo desde donde está pilotando el proceso de adelgazamiento de las empresas públicas. Con Enrique Verdeguer todavía de conseller, Bruno Broseta coordinó el decreto que sentó las bases de la reforma del sector empresarial, un proceso complejo que está implicando ya despedidos en firmas públicas y fundaciones.
En el IVVSA el ERE es una realidad desde hace aproximadamente un mes. La entidad contrató con la firma Broseta Abogados «la asistencia jurídica externa» para la «preparación de un expediente de regulación de empleo» mediante un procedimiento de negociado sin publicidad que se solventó de forma exprés. De hecho, la gerente del IVVSA, Inmaculada García Pardo, solicitó a la Abogacía de la Generalitat el informe previo a la contratación el pasado 14 de marzo y tan sólo 24 horas después, con el informe jurídico favorable ya en la mano, proponía la contratación del influyente bufete de abogados. En su petición a la Abogacía de la Generalitat para obtener el informe preceptivo, García Pardo avisa de que la selección del contratista se iba realizar mediante el procedimiento de negociado sin publicidad, «solicitando ofertas al menos tres empresas capacitadas. «El contrato se adjudicará a la oferta económicamente más ventajosa atendiendo únicamente al factor precio», añade en su escrito del 14 de marzo. El presupuesto máximo de licitación era de 47.000 euros, IVA excluido.
La oferta más ventajosa
El mismo día 14, la secretaria autonómica de Presidencia y Abogada de la Generalitat, Cristina Macías, da cuenta de la petición e informa favorablemente sobre la contratación tras remarcar al IVVSA que debe solicitar tres ofertas. El día siguiente el Instituto de la Vivienda remite un nuevo escrito a la Abogada General en la que le informa que ya tiene las ofertas y que se ha decantado por Broseta Abogados, que presentó la oferta más baja. En concreto, según este escrito, el IVVSA contaba con cuatro ofertas; a saber: Uria Menendez (35.000 euros); Prices Waterhouse (37.000 euros); Cuatrecasas Gonçalves (40.000 euros) y Broseta Abogados (28.000 euros). García Pardo solicita el informe de la responsable de los servicios jurídicos para cerrar el expediente. Cinco días después; el 20 de marzo, Cristina Macías informa favorablemente.
El ERE fue llevado al Consejo de Administración del IVVSA el 27 de marzo de 2012; es decir, el despacho de Broseta dispuso, desde que el procedimiento fue autorizado, de una semana para hacer la propuesta. Tal como adelantó ayer este diario, los despidos costarán 6, 9 millones. Si son declarados improcedentes; 18 millones.
Los sindicatos del comité de empresa llevan tiempo denunciando que no existen causas orgánicas, económicas o de producción que justifiquen los despidos. Han exigido sin éxito a la dirección de la empresa que les entregue el plan de viabilidad encargado a Price Waterhouse. La respuesta del IVVSA es que el trabajo no se ha completado. Para los sindicatos es una prueba de que la reducción de plantilla no se asienta en causas objetivas.
