La reforma impulsada por Alberto Ruiz Gallardón va a alejar y encarecer el acceso a la Justicia de los valencianos que no vivan en Valencia, Alicante y Castelló. El proyecto, según lamentan fuentes judiciales, está previsto que entre en vigor en julio del año que viene y supondrá el cierre de 227 juzgados de paz en Valencia, 141 en Alicante y 130 en Castelló. Estos órganos judiciales servidos por jueces elegidos por los ayuntamientos y que no han estudiado derecho empezaron a dar servicio en en España hace 150 años. Los que trabajan en la justicia de paz se oponen rotundamente a su desaparición y advierte de que solo acarreará problemas.
Hay dos tipos de juzgados de paz. En las poblaciones de más de siete mil habitantes están dirigidos por un secretario judicial que proviene de la justicia ordinaria y cobra del ministerio. En las localidades de menos de siete mil habitantes el servicio lo presta directamente el ayuntamiento. Los jueces de paz son ciudadanos que se presentan voluntariamente al cargo y los eligen los plenos municipales. El juez de paz de Xirivella, Javier Ruiz, explicó que a cambio el Estado les da una gratificación trimestral de 1.027 por su trabajo.
El diputado socialista y miembro de la comisión de Justicia del Congreso Gabriel Echávarri aseguró que la reforma de Gallardón no tiene ningún sentido. "El Gobierno no van a conseguir un ahorro económico porque los juzgados de paz se encargan de trámites básicos como las notificaciones judiciales que se van a tener que seguir haciendo. Hay que acercar la Justicia a los ciudadanos y no alejarla sin necesidad", señaló Echávarri.
Los juzgados de paz también se encargan de resolver las faltas leves. El secretario del juzgado de paz de Muro de Alcoi, Juan Pedro Pelegrín, indicó que Gallardón también pretende despenalizar este tipo de faltas. "Nos están desmontando de forma silenciosa. El Registro Civil va a pasar a manos de los registradores, que van a cobrar por los trámites. Todo repercute en perjuicio del ciudadano", aseguró Pelegrín.
Rafael Serra, secretario del juzgado de paz de l'Olleria, coincidió con Juan Pedro Pelegrín en que los ciudadanos van a ser los grandes perjudicados con la reforma porque está aparejada a la privatización de los registros civiles y al cobro por trámites como los certificados de fe de vida que ahora son gratuitos. "Nosotros expedimos ahora las certificaciones de nacimiento o defunción al segundo. Ahora que habíamos conseguido que el juzgado estuviera informatizado lo quitan", apuntó Serra.
Citaciones judiciales
Los juzgados de paz también hacen funciones de auxilio como la comunicación a los vecinos de sentencias, citaciones para juicios y todo tipo de notificaciones procedentes de tribunales todo el país. "En los municipios que están en ámbitos rurales hay notificaciones complicadas. Yo en Muro de Alcoi cuando busco a alguien lo encuentro. Si cierran los juzgados de paz muchas notificaciones no van a llegar. Más de un ciudadano se va a enterar de que tienen una multa impagada cuando le llegue el embargo", advirtió Juan Pedro Pelegrín.
Javier Ruiz, que fue nombrado juez de paz de Xirivella en 2012, aseguró que otra de sus funciones básicas es la mediación en problemas vecinales. "Tenemos casos de vecinos que no pagan a la comunidad e intentamos que lleguen a un acuerdo. El juzgado de paz les impone y suelen pagar tras llegar a un acuerdo", destacó Ruiz. El juez añadió que también resuelven un gran número de juicios de faltas. "Como el juzgado de Mislata está tan saturado nos mandan juicios de faltas que tienen cierta importancia", señaló. El juzgado de paz de Xirivella da servicio a 30.000 vecinos y el año pasado tramitó más de 8.000 exhortos.
El secretario de paz de Canals, Ferran Grima, lamentó que a pesar de todo la gente no termina de valorar su trabajo. "Una fe de vida la tramitamos en el acto. Nuestra labor es esencial", sentenció.
La función que más gratifica a los jueces de paz es la celebración de bodas. Javier Ruiz celebró cinco enlaces el viernes pasado. "Aquí no tenemos lista de espera. Si el expediente matrimonial está completo podemos celebrar la boda de un día para otro", aseguró el juez de paz de Xirivella. Javier Ruiz, que antes trabajaba como conductor de la EMT, está convencido de que es "una locura acabar con los juzgados de paz. Descargamos de mucho trabajo al resto de juzgados y el coste es ínfimo".
El portavoz de UGT en Justicia, Santiago Alegre, también cree que la propuesta de Gallardón "es una aberración. La vuelta del verano va a ser caliente porque no se puede permitir. Muchos ciudadanos no se pueden desplazar y no están preparados para resolver los trámites por internet".
