El nuevo plan antirriadas de la Comunitat Valenciana identifica 25 municipios con riesgo de inundación muy alto y alto, en los que se deberán centrar las obras de prevención de inundaciones que aún quedan por hacer y extremar la precaución en los nuevos crecimientos. Los 26 municipios se concentran en las comarcas de la Vega Baja, y las áreas metropolitanas de alicante, Castelló y Valencia. En la mayoría ya es conocida la elevada peligrosidad ante las avenidas del Júcar y el Segura, tal como se recogía en el Patricova (Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana) aprobado en 2003. Pero los cambios en el territorio, el aumento de población, la nueva normativa urbanística y medioambiental y los avances tecnológicos en la cartografía aconsejaban revisar el actual Patricova que el próximo 28 de enero cumplirá once años.
El análisis es necesario porque, como recordaba el consultor de Aminsa, Ramiro Martínez Costa, en unas jornadas sobre el Patricova organizadas el jueves por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), "la Comunitat Valenciana representa el 5% del territorio nacional pero soporta el 20% de los episodios de inundaciones de los últimos 500 años".
En estas mismas jornadas del CICCP, el profesor del departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Politécnica, Sergio Palencia, explicó la metodología utilizada para "acotar la inundabilidad de mayor riesgo a un 6% del territorio valenciano".
De este porcentaje forman parte las poblaciones de Algemesí, Almoradí, Alzira, Carcaixent, Castelló y Orihuela, que se incluyen en el máximo nivel de riesgo global integrado (Nivel IV) "porque son propensos a sufrir daños de consideración elevada en prácticamente todos los criterios analizados: económicos, sociales y medioambientales". Estos seis municipios "requieren de mayor prioridad por el nivel de riesgo tan elevado en el que se encuentran, siendo susceptibles todos ellos de sufrir elevados daños sobre los bienes, la población, los equipamientos estratégicos y sobre el medio ambiente, y en menor medida, pero no menos importante, sobre las infraestructuras, con posibles aislamientos de algunas zonas del territorio afectado".
El resto de municipios (ver la tabla adjunta que acompaña esta información) son Aldaia, Alfara del Patriarca, Alicante, Callosa del Segura, Catarroja, Catral, Cullera, Daya Nueva, Dénia, Dolores, Formentera del Segura, Gandia, Massanassa, Rafael, Rojales, San Fulgencio, Tavernes de la Valldigna y la ciudad Valencia a las que se considera incluidas en el nivel III de riesgo global integrado. Se trata de municipios incluidos en esta clasificación porque "están sometidos a riesgo en prácticamente todos los criterios considerados, aunque, con menor nivel de daños en algunos de ellos, en comparación con el caso anterior". No obstante, el Patricova lanza una seria advertencia a los responsables municipales de los 25 municipios con alto riesgo de inundabilidad porque "se observa que prácticamente todos tienden a aumentar el riesgo si desarrollaran sus planes vigentes, excepto los municipios de Cullera y Rojales", según señala el texto del nuevo Patricova.
Radiografía detallada
El documento, redactado por la Conselleria de Territorio y Medio Ambiente también logra una detallada radiografía del riesgo de inundación que afecta a un total de 442 municipios (de un total de 542 que existen en la Comunitat Valenciana) y una población de 600.000 habitantes, alrededor del 12% de valencianos. Gracias a los avances de la cartografía, y el exhaustivo trabajo realizado por el Institut Cartogràfic Valencià (ICV) durante estos años que se han utilizado en la redacción del nuevo Patricova, el departamento que dirige Isabel Bonig tiene identificados no sólo los municipios afectados por el riesgo de inundación, sino el detalle del tipo de suelo (residencial, industrial, rural), las infraestructuras y los equipamientos y dotaciones (centros de salud, parques de bomberos, ayuntamientos, subestaciones eléctricas), además de instalaciones que, en el caso de verse afectadas por una inundación, causarían una catástrofe medioambiental: gasolineras, industrias peligrosas, depuradoras, pozos de agua, manantiales.
Además, por exigencia de la directiva europea sobre inundaciones y el real decreto que la incorporó al derecho español en 2010, antes del 22 de diciembre de 2015 deben aprobarse planes de gestión del riesgo de inundación para las zonas de mayor riesgo, que deben redactarlos las confederaciones hidrográficas en coordinación con ayuntamientos y los gobiernos autonómicos.
