El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ofreció ayer a la oposición la eliminación del aforamiento de los diputados, un privilegio que garantiza que durante su mandato solo puedan ser juzgados por el TSJCV, a cambio de que la oposición acepte su idea de reducir el número de parlamentarios de 99 a 79 y que un tercio de ellos sea elegido de forma directa. Fabra asumió este compromiso durante la sesión de control de las Corts en la que portavoz de Compromís, Enric Morera, lo inquirió sobre por qué la Generalitat no se persona en el caso Nóos por la vía penal (solo lo ha hecho por la civil) tras la imputación del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau. En el debate, Morera le recordó que ha presentado una proposición para reformar el Estatuto con el fin de suprimir el aforamiento de los diputados, a la vista de que se está «usando» para «retrasar» la acción de la Justicia.

«No tengo problema para hablar de aforamientos», respondió Fabra, para sorpresa de la oposición. El jefe del Consell, no obstante, sostuvo que además de ese «supuesto privilegio», los ciudadanos quieren que se trate de la elección directa de diputados y la reducción del número de escaños . «Si hablamos de todo, yo también hablaré de todo», dijo, porque el objetivo es recuperar credibilidad ante los ciudadanos. En el turno de repreguntas, el vicepresidente, José Císcar, avanzó que van a dar instrucciones al grupo popular para que se presente una enmienda a la iniciativa de Compromís con el fin de incorporar la reducción de diputados y su elección directa por comarcas. De este modo, la oposición tendrá que «pronunciarse» al respecto, dijo.

El planteamiento de Fabra vuelve a dar vida en las Corts a la propuesta del presidente de reducir el número de diputados y pone en un brete a la oposición. Hasta ahora, ésta había contrarrestado una iniciativa susceptible de calar entre los ciudadanos porque en su día vino como una exigencia de Génova en plena ola recentralizadora del PP, con el argumento de que se buscaba empequeñecer la autonomía.

Idea de Puig y ley de Hare

Pero, unida a la eliminación de los privilegios de los diputados ante la Justicia, es un dardo político envenenado. Para prosperar se precisa la reforma del Estatuto, esto es, el concurso del PP y la oposición. La supresión del aforamiento fue una de las propuestas estrella de las 25 medidas para regenerar la política valenciana que el líder del PSPV, Ximo Puig, presentó el 25 d'Abril. Compromís aprovechará el envite para ir más allá: Podría aceptar la reducción de diputados (al menos su debate) pero a cambio el PP tendría que asumir la ley de Hare para la elección de los diputados. Este método implica la traslación a escaños de la voluntad de los ciudadanos de forma proporcional.

La propuesta de Fabra se produce tras la polémica por las dimisiones de las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such. Dictada la apertura de juicio, solo quedaba por fijar la fecha, en la pieza del caso Gürtel que les afecta. Las renuncias retrasaron el camino al banquillo y todo apunta que sacarán el caso del TSJ. También la marcha de las Corts de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, retiró la pieza Brugal del alto tribunal, remitiéndose a Alicante. Así, gestionando el aforamiento, se ha logrado paralizar procesos y da nuevas opciones de nulidades, censura Compromís.

Durante el debate, Morera exigió a Fabra que ordene personarse en el caso Nóos tras la imputación de Grau, «tal como recomendaba la propia Abogacía de la Generalitat». Para Morera, este asunto «rompe la línea roja» de Fabra y prueba que éste «no ataca la corrupción». «¿La diferencia con el caso Blasco donde el Consell sí fue por lo penal es que éste era políticamente sacrificable y a Rita Barberá, responsable política de Emarsa y corresponsable de Nóos, hay que protegerla?», le preguntó Mònica Oltra.

Sin Barberá y el expresidente Camps, el jefe del Consell sostuvo que no hay novedades en el caso y, como luego Císcar en las repreguntas, argumentó que en Nóos la Abogacía de la Generalitat dio el «visto bueno» a los convenios con el instituto de Urdangarin, así como también el Tribunal de Cuentas, y que fue en la instrucción cuando se vio que otros «habían presentado facturas duplicadas» en Valencia y Mallorca. Fabra puso la actuación en el caso Blasco como prueba de que no tiene «miedo a nada» y no le va a «temblar el pulso» a la hora de «perseguir a las personas que han utilizado a las instituciones para empobrecer a los ciudadanos».