La familia de un jubilado de Segovia que se encuentra en un apartamento de la playa de Gandia denunció ayer que el hospital Francesc de Borja de Gandia se ha negado a practicarle dos pruebas neurológicas «porque son costosas», e invitaron al paciente a desplazarse hasta su domicilio para que se encargara de su caso la sanidad pública de la Comunidad de Castilla y León.
Según narró ayer a este periódico Esther, la hija del afectado, su padre es un enfermo crónico desde el año 2009 que ha sufrido varios infartos cerebrales y otras dolencias neurológicas. El pasado mes de agosto, cuando ya estaba en Gandia su situación empeoró y acudió al servicio de Urgencias del hospital, donde fue atendido correctamente. Allí le dijeron que le llamarían para practicarle una resonancia magnética y un «spect», dos pruebas neurológicas que requieren material de alta tecnología.
La sorpresa es que, siempre según denuncia la familia, ayer recibió una llamada en la que una doctora del centro sanitario gandiense le dijo que, al ser un ciudadano residente de Segovia, tendría que regresar allí para ser atendido. La misma voz le explicó que los tratamientos que requería eran «costosos» y que «la elevada deuda sanitaria complica que la Generalitat Valenciana le pueda cobrar la factura de su tratamiento» al Gobierno autonómico de Castilla y León.
El caso es que, según la hija de este jubilado de 67 años, su estado impide trasladarlo a Segovia. «Él está sedado y no puede soportar en este momento un viaje», explicó mientras expresaba que no tiene ninguna crítica hacia el personal médico que lo atendió durante su primera visita del 25 de agosto y la que tuvo lugar el pasado 16 de septiembre. La mujer confiesa su extrañeza porque, además, su padre tiene la cartilla de desplazado que, en teoría, supone un salvoconducto para ser atendido en cualquier punto de España con todas las garantías y los recursos que precise el tratamiento.
La Oficina del Defensor del Paciente, que recibió una nota con lo sucedido con esta persona, reaccionó inmediatamente remitiendo una carta al conseller de Sanidad, Manuel Llombart, en la que le exige que realice las pruebas al enfermo de forma inmediata. «El paciente está en su tierra, España, tiene tarjeta sanitaria y la de desplazamiento, pero por la burocracia le dicen que tiene que ser atendido en otra comunidad autónoma». La defensora del paciente, Carmen Flores, lamentó que se despilfarre en aeropuertos y se niegue una asistencia digna a una persona que lo necesita con normas que vienen a decir que «si usted no es de aquí, muérase».
