A escasas dos semanas de que se cumpla el primer aniversario del apagón de Canal 9 por lo policial „un 29 de noviembre„, el presidente de la Generalitat cree haber encontrado el camino para expiar su pecado político el día que decidió sepultar RTVV. A los diez minutos de firmar la sentencia de muerte intuyeron que habían cometido un error fatal. Económicamente, la operación es ruinosa. El entierro de RTVV SAU y del anterior ente público RTVV „con las trabas de los bancos alemanes al no admitir que el Consell se subroge la deuda„ está elevando los costes de la disolución. En 2015, habrá que aportar otros 90,4 millones. El precio del funeral rozará entonces los 300.

No es lo más preocupante a ojos del Palau. Desnudos de altavoz y desprovistos de capacidad para elaborar minutados de informativos con control remoto, en el entorno de Fabra notaron el vacío existencial mediático y la invisibilidad del «president». Las Fallas fueron una piedra de toque. Ni un plano en el balcón municipal, ni un elogio a Fabra a pie de monumento. El presidente no tenía quien lo retransmitiera.

Bien pronto trasladaron las consignas de sondear la posibilidad de estudiar una reapertura que, días antes de decretar el cierre, ni se planteó cuando el comité de empresa elevó una propuesta de redimensionar RTVV. En su exploración y tanteo desde Presidencia incluyeron a los servicios jurídicos y a terminales sindicales. El presidente del CSI·F, Daniel Matoses, puede dar fe. El sindicato nunca consiguió entrar en Canal 9 mientras el otrora todopoderoso Vicente Sanz era el virrey de Burjassot. USO ejerció de sindicato extensión de la empresa. Muerto políticamente Sanz, acusado de abusos sexuales, su sucesor, Juan Prefaci, „entonces hombre de confianza de Serafín Castellano„ allanó el terreno para que el CSI·F recalara. Es el sindicato del secretario de comunicación, José Luis Torró, quien sustituyó a la imputada Lola Johnson. Un núcleo reducido estaba al tanto de las intenciones del Palau e incluso se empezó a hacer una lista con entre doscientos y trescientos reclutables de entre los despedidos. Pero los servicios jurídicos tumbaron de plano cualquier posibilidad. Revertir la liquidación de RTVV SAU no era posible. Y una nueva ley abocaba a una cadena de sentencias contra del Consell por fraude de ley al haber continuidad en el servicio público.

Entonces se activó el plan B: impulsar una autonómica desde la única institución con liquidez: la diputación, que aportará 3,2 millones para un canal con 30 empleados. Solo podía ejecutarse a partir de alguna de las dos licencias autonómicas de TDT: Las Provincias TV y Popular TV. La primera está en barbecho, con emisiones de teletienda. Un cambio normativo posibilitará el arrendamiento a la empresa Beovisión, del grupo Mecomlys, cuyo propietario es Ángel Raga, y al que pertenecen Radiosiete, Canal 7 Televisión y los estudios Galaxia. Desde estos platós en Fuente del Jarro (Paterna) emitía la Tele 7 del constructor imputado en Gürtel José Luis Ulibarri, al que Raga tuvo que desalojar por impago de alquiler. Aunque todavía no se ha resuelto el concurso, en el sector dan por hecho que Ángel Raga es el ungido para dotar de contenidos una rejilla de 13 horas que primará fiestas y tradiciones. Desde este verano lleva contactando con profesionales para levantar el proyecto. Mecomlys resultó adjudicataria de la privatización de 1.706 horas de programación de Canal 9, junto con Endora y Videac, un mes antes del cierre. Trau la llengua, El poble del costat o Gormandia son espacios con el sello de estas productoras. Rus tendrá, además, influencia en televisiones comarcales y locales gracias a los convenios para patrocinar programas.

El temor del jefe del Consell

La iniciativa catódica de Rus contó con la aquiescencia de Fabra, según fuentes conocedoras del proyecto, hasta que éste advirtió que el presidente provincial volaba solo. Rus contará con un instrumento de mayor proyección pública, unido al control orgánico del partido derivado del reparto de ayudas y contacto con los alcaldes desde la institución provincial. Un panorama inquietante para quien, como Fabra, todavía no ha sido ratificado como candidato desde Génova.

El jefe del Consell quiso hacer ver a Rus, en una reunión hace un mes, sus objeciones al proyecto. «En la diputación mando yo», replicó al Molt Honorable el vecino del otro lado de la plaza de Manises.