La pelea entre Compromís y el PSPV por el control de la Dirección General de la Función Pública podría poner en peligro la oferta de empleo público de este año: al menos 157 plazas en la administración de la Generalitat que se perderán si no se convocan antes de que finalice 2015. El riesgo de que estas plazas de funcionarios no puedan ofertarse se suma al bloqueo en la administración que está ocasionando la ausencia de un responsable de Función Pública, una dirección clave adscrita a la Conselleria de Justicia que se diputan los socios de Gobierno.
Este diario ya informó de cómo la distintas conselleries han comenzado a desmantelar la cúpula funcionarial heredada del Gobierno popular con el cese de subdirectores generales y jefes de servicio que, en muchos casos, están mano sobre mano esperando ser reubicados. La reorganización funcionarial de la Generalitat será una de las principales tareas que tendrá que abordar quien finalmente tome las riendas de este departamento, pero más perentorio será poner en marcha una oferta que permitiría sacar del paro a más de 150 valencianos y dotar a la Generalitat de más personal. Ganar una plaza de funcionario en la administración es desde hace años prácticamente un imposible, ya que las ofertas o no han existido o han sido muy raquíticas. La última en convocarse corresponde a 2014: 54 plazas, de las que la mitad (24) eran de acceso libre. El decreto de convocatoria fue recurrido, por lo que está paralizado.
Con la crisis, la ley de presupuestos generales del Estado limitó de forma muy estricta las ofertas. Sólo era posible convocar como máximo el 10% de la tasa de reposición de efectivos y en determinados sectores considerados como prioritarios. En 2015 el límite se amplió al 50% y según los cálculos del anterior Consell, la Generalitat podría sacar una oferta de empleo público de un total de 157 plazas. Eso sí, la ley marca que esta oferta ha de convocarse en el ejercicio en curso (el primer trimestre del año) y no es acumulable. El Consell popular se marchó en junio sin aprobar el decreto de convocatoria (la negociación con los sindicatos se paralizó), por lo que el nuevo Ejecutivo heredó esta asignatura pendiente. La Dirección General de Función Pública está vacante desde entonces por la guerra política y sindical (FSP-UGT e Intersindical quieren influir en el nombramiento), por lo que los meses pasan sin que nadie en la conselleria de Gabriela Bravo se ocupe de este asunto.
Además, cabe apuntar que la convocatoria de la oferta pública de empleo no puede hacerse sin más. El punto de partida es convocar la Mesa de Negociación de la Función Pública, un órgano que, además, debe constituirse de nuevo ya que debe ajustarse a los resultados de las elecciones sindicales celebradas en mayo pasado.
El nuevo Consell podría también hacer su propio cálculo sobre las necesidades de personal en una Generalitat con más de 4.000 interinos y un numero indeterminados de puestos vacantes. Es decir, los 150 plazas podrían ampliarse. Cabe recordar que la ley de presupuestos considera como sectores prioritarios, entre otros, los puestos de gestión de recursos públicos, los de control y lucha contra el fraude fiscal y control eficiente de recursos y los de personal de los servicios de prevención y extinción de incendios.
