Como si de un árbol podrido de corrupción se tratara, la macrocausa judicial que desencadenó la operación Taula tiene troncos, ramas y hojas. La empresa pública provincial Imelsa bautizó el escándalo en origen porque allí ejerció como gerente el «yonqui del dinero» Marcos Benavent y en ese destino „el último de su gira en el lado oscuro de la política„ tejió su red doméstica de cobro de mordidas en la adjudicación de contratos públicos. Las comisiones o facturas falsas en los grandes contratos de informática, gestión tributaria y catastral adjudicados por Imelsa son una de las tres patas investigadas por el juez, la UCO y la Fiscalía al revisar la gestión en la empresa pública.
La política laboral está siendo también objeto de investigación. Los enchufes „zombis incluidos, aquellos que ni siquiera acudían a trabajar„ y también los sueldos que cobraban o las indemnizaciones pagadas por despidos. «La antigüedad en la empresa, salarios percibidos, causa y demás circunstancias del despido y procedencia legal de las indemnizaciones percibidas por cada uno de ellos», conforman parte del objeto de investigación por el juez instructor de la causa. Entre otros delitos, se indaga una presunta malversación de fondos en los finiquitos abonados. Al menos en el caso de ocho exempleados de la empresa pública. En algunos casos se trata de personas que causaron baja indemnizada cuando estaban a punto de cumplir la edad de jubilación. Por ejemplo uno de los empleados cobró 60.000 euros por un despido catalogado como improcedente, según fuentes conocedoras de la investigación. Fue despedido el 15 de junio de 2006, justo una semana antes de cumplir los 64 años. Otra de las despedidas en circunstancias investigadas en el juzgado cobró el finiquito el 28 de septiembre de 2007 con 62 años.
Marcos Benavent acababa de desembarcar en la empresa. Otro de los nombres por los que el juez se interesa al reclamar información a la empresa pública „imputado en la causa„ fue despedido en enero de 2014 después de haber cobrado pluses y dietas no justificadas en las últimas cinco nóminas para incrementar la indemnización, que rondó los 75.000 euros. Aunque la documentación de los pagos investigados desapareció de Imelsa, el juez encontró el rastro del dinero en las transferencias bancarias desde la empresa pública a las cuentas corrientes de los exempleados.
Otro de los despidos en tela judicial fue el del entonces secretario general de UGT en Imelsa y coordinador de brigadas forestales, Honori Estornell. Se firmó el 1 de enero de 2008 y la indemnización ascendió a 100.000 euros. Según documentación judicial, le correspondían 72.251 euros por despido improcedente.
«Perseguido»
Causó baja en la empresa pública con 58 años. Honori Estornell, histórico alcalde comunista de Llutxent (desde 1979 a 1983 y hasta 1991 por EU), explicó a este diario que lo despidieron «tras años de amenazas y de persecución por parte del PP», del que dijo sentirse «víctima». Respecto al cobro de una indemnización 27.8000 euros por encima de lo que marcaba la ley, replicó que cobró «lo que me dieron y si hubiera pedido 200.000 me lo habrían dado porque querían que desapareciese». El sindicalista denunció que firmó el despido «porque me amenazaron con despedir uno a uno a los afiliados a UGT si no me iba».
