La presentación del borrador de la ley de mancomunidades del Consell, que tiene como propósito fortalecer las comarcas y dar cobertura legal a una vieja aspiración de la izquierda valenciana, supone un golpe notable al control que las diputaciones ejercen sobre el territorio. Pero en el pulso entre la Generalitat y los gobiernos provinciales llueve sobre mojado.
En el primer año desde el cambio de gobierno, los desafíos entre la administración autonómica y las diputaciones han sido constantes. Las palabras del presidente, Ximo Puig, en las que pedía a los gobiernos provinciales que dieran un paso atrás para no interferir en el proceso de comarcalización han molestado en las tres diputaciones, en las dos gobernadas por el PP, la de Alicante y la de Castelló, y también en la de Valencia, con PSPV y Compromís al frente y pese a que ambas formaciones son muy favorables a las tesis comarcalistas que propugna Puig.
En ésta última, con gobierno del mismo color que la presidencia de la Generalitat, tampoco ha sentado bien una orden del pasado 26 de mayo del secretario autonómico de Presidencia, Andreu Ferrer, por la que se convocan subvenciones destinadas al sostenimiento de gastos corrientes en municipios menores de tres mil habitantes. Se trata de ayudas por valor de 4,7 millones que la Generalitat destina pese a sus problemas financieros a ayuntamientos donde la diputación ha desplegado tradicionalmente gran influencia.
Un solo encuentro en un año
En un año, los encuentros entre el presidente de la Generalitat y los tres responsables de las diputaciones se reducen a uno, prácticamente después de la toma de posesión de todos ellos el pasado verano. Desde entonces no hay imagen conjunta ni encuentro institucional. Los tres presidentes sí se vieron el pasado mes de mayo, en una comida convocada a instancias de Jorge Rodríguez.
Los nuevos frentes se unen a la pugna por las competencias en Turismo y Deportes que enfrenta desde hace meses a los gobiernos provinciales bajo control del PP con la Generalitat y que ha motivado incluso un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno. Dos decretos que para el Consell tienen como única aspiración la coordinación de competencias en estas áreas pero que, en la práctica, suponen una intervención en los presupuestos provinciales y en su política turística y deportiva.
Presidencia de la Generalitat defiende que el objetivo no es vaciar de contenido las diputaciones sino coordinar acciones y evitar duplicidades o que las competencias de cada uno puedan chocar entre sí. Pero las diputaciones, especialmente las de Castelló y Alicante, aseguran que Puig sólo busca asegurarse el control político de las dos únicas instituciones en poder del PP tras las autonómicas de 2015.
Una política de imposición
Además, en las tres sedes provinciales reprochan al Consell de Puig una política de imposición, una especie de «yo invito y tú pagas» y un constante ninguneo, por lo que reclaman un encuentro entre los cuatro que lleva un año sin producirse. En Alicante y Castelló lamentan que se enteraron por los medios de comunicación del borrador de la ley de mancomunidades, pese a que obliga a las diputaciones a poner dinero sobre la mesa. En Castelló señalan que Puig está cómodo en el ring y en conflicto con las diputaciones.
La diputación de Alicante que preside el popular César Sánchez es la más belicosa con el Consell. Desde el entorno de Sánchez apuntan que se está faltando al respeto institucional y critican que Puig lleve ya casi un año sin aceptar una reunión con el presidente.
El propio Sánchez, en línea con la presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, arremete contra la ley de mancomunidades del Consell, que considera un calco de la ley de Veguerías que aprobó el tripartito catalán de José Montilla y Josep Lluís Carod-Rovira en 2010 y que pretendía eliminar las provincias catalanas y las diputaciones y crear siete veguerías o comarcas. «Son tesis propias del independentismo catalán», aseguran en la Diputación de Alicante. «La ruptura de Cataluña con el Estado también comenzó con una ley de comarcas», señalan desde el palacio provincial.
La más predispuesta a colaborar con el Consell es la Diputación de Valencia, con el socialista Jorge Rodríguez al frente. Sin embargo el alcalde de Ontinyent ya ha dado muestras de querer volar solo y desprenderse de la tutela de la Generalitat. En el primer año se ha deshecho de dos nombres que Puig le impuso, el exalcalde de Gandia José Manuel Orengo y el exgerente de Imelsa José Ramón Tíller. Rodríguez ha preferido a personas de su confianza provenientes de su área de influencia tanto en el consistorio que preside como en el partido, aunque políticamente Rodríguez no tiene familia. Aún así, su ascendencia respecto a otros alcaldes de ciudades importantes le sitúan ya como un barón a tener en cuenta en el futuro del partido.
