Un sentencia pionera en España, dictada por un juzgado de A Coruña, ha abierto la puerta a que miles de funcionarios interinos de la Comunitat Valenciana puedan exigir el cobro de una indemnización de 20 días por año trabajado en caso de cese. El fallo hace referencia a una funcionaria interino de A Coruña, pero ha corrido ya como la pólvora en todos los territorios, porque es el primero que aplica la sentencia dictada en 2016 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que se concluía que una trabajador temporal del Ministerio de Defensa tenía derecho a cobrar indemnización.
Era cuestión de tiempo que se aplicara la jurisprudencia europea y así lo ha hecho un juzgado contencioso a favor de los intereses de una empleada de Educación de Galicia. La sala considera que el empleado público laboral y funcionarial de naturaleza temporal no puede ser discriminado en sus condiciones de trabajo y concluye que tiene derecho a ser indemnizado en caso de despido.
Fuentes sindicales consultadas por este diario admitieron que este fallo es muy importante ya que abre la puerta a que reclamaciones similares en otras comunidades sean atendidas. Cabe recordar que, en el caso de la Generalitat, la temporalidad es muy elevada, tanto en el ámbito de la Función Pública, como en el sanitario y educativo. Algunas fuentes estiman que más de 30.000 interinos se encontrarían en situación de, llegado el caso, solicitar la indemnización.
El problema con el que se encuentra la Generalitat es importante. Hay anunciados procesos de consolidación y de ofertas de empleo público. Aquellos interinos que se queden sin trabajo en un futuro, bien por no superar el proceso de consolidación, bien porque el Consell estime que su contrato ha terminado. Con todo, de momento, la Generalitat ha esquivado esta cuestión. Los técnicos de Tributos despedidos hace un año no han logrado la indemnización, pero han recurrido al tribunal europeo. Todo apunta a que es cuestión de tiempo.
