Divalterra, la heredera de la antigua Imelsa, solicita seis años de cárcel para el exyonki del dinero por los presuntos delitos de malversación, fraude, exacciones ilegales en contratación pública y prevaricación en esta causa, en la que está personada como denunciante. Aunque el escrito de acusación presentado por Imelsa deberá quedarse en pausa si finalmente el magistrado del Juzgado de Instrucción 9 -o la Audiencia- decide continuar con la investigación y no darla por finalizada.

Al empresario Vicente Calvo Navarro, a pesar de que está devolviendo a plazos la mordida de 60.000 euros que cobró la representación jurídica de Divalterra también solicita cuatro años de cárcel por los mismos delitos que Benavent.

Divalterra alega para solicitar estas penas que el empresario y Benavent «de común acuerdo, elaboraron tres facturas falsas, que no se corresponden con ningún encargo o contrato celebrado con Imelsa por lo que convinieron una falsa operación comercial para cobrar 60.445,55 euros por trabajos no realizados ni contratados». Y la sospecha es que hubo muchos más.

Además, la empresa destaca que cuando fueron descubiertos por la Agencia Tributaria, que envió un requerimiento para recabar información sobre la empresa Flying Tigers SL (utilizada para cobrar la mordida de 60.000 euros) tanto Benavent como el empresario «intentaron aparentar que negociaban una deuda mercantil, sin trascendencia en el ámbito penal y que existía un pacto de devolución del dinero pagado».

En realidad, asegura la representación legal de Divalterra, «es que el documento elaborado por Marcos Benavent y Vicente Calvo el 27 de noviembre de 2014 pretendía dar cobertura al delito previo para el que se concertaron los acusados».

Por estos hechos, la Diputación de Valencia aún presidida por Rus presentó una denuncia contra Benavent y el empresario el 23 de enero de 2015. Aunque se trataba, según los actuales responsables de Divalterra, de una «querella con una evidente debilidad argumentativa pues se calificó como estafa y difícilmente se puede explicar la forma en la que fue engañado el gerente al ordenar y emitir pagarés sin justificación alguna».