El decreto que regula la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público se modificó hace tres años para incluir las distintas mejoras que se habían ido aprobando con posterioridad a la promulgación de la propia ley, que data de 2007. Sin embargo, hay un punto que quedó pendiente y que los sindicatos instan a cambiar cuanto antes ya que supone una «clara discriminación a la mujer».
Y es que si una mujer embarazada se presenta a unas oposiciones no está «en igualdad de condiciones» que el resto de sus compañeros, ya que si debe realizar prácticas obligatorias, estas serán presenciales y no podrá hacerlas con un bebé recién nacido. Tendrá que esperar un año, será la última de la lista en elegir destino y «perderá» la posición que haya obtenido tras los exámenes y la presentación de los méritos.
Eso fue lo que le pasó a María Ángeles García, como contó Levante-EMV, Levante-EMV, una mujer que realizó «una oposición de 10» y teme un destino alejado de su residencia ya que sus compañeros sí completaron todo el proceso, pero ella solicitó una prórroga para realizar las prácticas.
Sin embargo, la Conselleria de Educación especifica que «no será ni la primera ni la última en el concurso de traslados. Ocupará el lugar que le corresponde según el orden final porque elegirá destino en una convocatoria distinta».
Aún así, desde el departamento que dirige Vicent Marzà instarán al ministerio -en el marco de las mesas sectoriales- a que cambie la normativa que regula el ingreso, acceso y adquisición de las nuevas especialidades de cuerpos docentes «para que se adapte a estos nuevos casos» ya que «esta conselleria está muy comprometida con la igualdad» y «es importante recalcar que es una normativa estatal y es el Gobierno central quien debe realizar las pertinentes modificaciones y eso es lo que le vamos a pedir».
Además, las mismas fuentes explicaron las modificaciones que ha llevado a cabo la Conselleria de Educación «con perspectiva de género» como «la ampliación en las edades de los hijos (de 6 a 12 años) para solicitar las comisiones de servicio de cuidados -ayuda que podrá pedir María Angeles García porque aún está abierto el plazo de solicitud-; o la posibilidad de pedir comisiones de servicio mientras se estén llevando a cabo tratamientos de fertilidad».
Desde la Conselleria de Educación aseguraron que las solicitudes de prórrogas son las mínimas (apenas una docena de casos en cada proceso de oposiciones) y que en el 90 % de los casos el motivo es estar de baja laboral.
Ahora bien, desde sindicatos como el Stepv o CC OO aseguran que «no es lo mismo pedir una prórroga porque uno ha tenido un accidente o le han diagnosticado una enfermedad grave que estar embrazada, que no es ni una enfermedad ni un golpe de mala suerte. Por eso hay que cambiar el decreto e incluir estos casos».
Desde el Stepv exigen un cambio en la norma estatal porque «es claramente una discriminación» y «acudir a los juzgados no es garantía de nada ya que es un decreto, hay una ley y es legal. Otra cosa es que sea injusto, que lo es. De hecho, los jueces interpretan la ley y la ley es la que es. El proceso no llega al Constitucional porque supone perder tiempo y dinero. Es el problema de la justicia patriarcal con leyes patriarcales: nadie se centra en los problemas de las mujeres». Ahora bien, desde el sindicato aseguran que la solución pasa «porque el ministerio equipare el permiso de maternidad con servicios efectivos».
Desde CC OO, Xelo Valls asegura que, aunque la conselleria tiene las manos atadas para interceder en las prórrogas de prácticas a mujeres de baja por maternidad, «sí puede modificar el decreto que regula los permisos y licencias y cambiar hacia un escenario de observancia en el cuidado de personas, sea la vertiente que sea, a mayores, baja de paternidad...».
