La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia ha archivado la querella que el exalcalde socialista, José Manuel Orengo, y el exconcejal Vicent Mascarell, presentaron contra Arturo Torró, Víctor Soler y José Codina, que después se ampliaría a otras personas, a quienes acusaban de varios delitos relacionados con el contrato que la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG), de la que Torró era presidente, firmó en 2012 con la emisora Tele7 Safor.
Los querellantes consideraban que aquel contrato para la emisión de programas, valorado en 1,5 millones de euros a lo largo de tres años, además de estar amañado, suponía una transferencia de dinero público a una firma que formaba parte del grupo de empresas en el que participaba Torró.
En su argumento, Orengo y Mascarell señalaban que el dinero del contrato con Tele7 Safor, firmado con la mercantil Inversiones Especiales del Mediterráneo, terminaba en las manos de Propulsa, firma cuyo gerente, Jorge Masià, estuvo vinculado a empresas de Arturo Torró.
La juez, después de practicar las pruebas que ha estimado conveniente y de tomar declaración a los afectados, considera que compartir cargos en empresas no es, por sí mismo, constitutivo de infracción penal alguna, «si a ello no se acompaña de ningún otro elemento que permita apreciar, al menos de manera indiciaria, la comisión de infracción penal alguna», y, consiguientemente, no ve los delitos contra la Administración de los que Torró fue acusado.
En la misma línea se expresa respecto a los otros implicados en esta querella, José Vicente Codina, Josep Lluís Jiménez, Antonio Abad, Javier Reig y Juan Antonio Juárez que, según el auto judicial que se dio a conocer ayer, diseñaron y ejecutaron el contrato con Tele7 desde la empresa IPG «de acuerdo con los estatutos y las normas internas de funcionamiento de IPG, sin que se aprecie ninguna irregularidad o infracción en la tramitación de dicho procedimiento». El auto de sobreseimiento provisional de la querella afecta a todos ellos.
Desde el pasado mes de enero una larga relación de personas que tuvieron cargos de responsabilidad en el gobierno local que dirigía Arturo Torró o en la empresa municipal IPG aportaron su testimonio en la causa. El propio Torró negó ante la magistrada las acusaciones de Orengo y Mascarell. Dijo que «nunca» había comprado o sido propietario de Tele7, aunque sí la apoyó en su momento porque esa televisión era «la única de Gandia que daba voz al Partido Popular».
La querella de Tele7, de la que ahora Arturo Torró ha quedado liberado judicialmente, tuvo como destacada consecuencia política la dimisión del exalcalde como concejal del PP de Gandia, hecho ocurrido a finales de enero de 2016, cuando la juez lo citó en calidad de investigado, si bien el dirigente del PP siempre alegó que fueron causas personales y familiares. Aunque entonces señaló que iba a mantenerse como presidente del PP de Gandia, la lideresa del partido en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, prefirió que renunciara a ese cargo para evitar que se relacionara al PP con casos de irregularidades o corrupción.
