El PAI del sector de la Cooperativa de Moixent, promovido por el ayuntamiento mediante gestión directa en 2012, abarca una extensión de 21.000 m2 y persigue la urbanización del área industrial donde se sitúa la almazara de la cooperativa San Pedro Apóstol, una entidad que lleva peleando más de 10 años para regularizar su situación y obtener la licencia de actividad. Igual que otras naves.
El 28 de abril, el consistorio aprobó anular todas actuaciones y trámites del programa urbanístico tras constatar irregularidades en su tramitación. El alcalde, Teófilo Fito (Ciudadanos), que gobierna en coalición con los 5 concejales del PP, tuvo que hacer uso de su voto de calidad para sacar adelante el acuerdo, atascado desde finales de 2016. Pese a que los populares secundaron la propuesta, el exalcalde Vicente Dubal (ahora edil) tuvo que abstenerse, al haber intervenido activamente en la tramitación del PAI.
El PSPV votó en contra, tras condicionar su apoyo a que se incluyera un compromiso expreso de que el ayuntamiento, de oficio y en defensa de los intereses de los vecinos, determinaría responsabilidades y tomaría las acciones legales oportunas para depurar responsabilidades. El alcalde declinó esta propuesta. Fito sostiene que «hay unos pasos a seguir» marcados por los servicios jurídicos y el primero era la anulación del PAI. Una consultora externa recomienda, a continuación, evaluar el perjuicio económico sufrido por la administración local, a la espera de otro informe sobre las irregularidades detectadas solicitado a la conselleria, que, por su saturación, no se pronunciará hasta finales de año. «No somos jueces: antes habrá que determinar qué personas son responsables», asegura el alcalde. «Será en un órgano superior o el juzgado quien deba dirimir responsabilidades cuándo y cómo corresponda. No se trata de ser más valiente o menos, sino de hacer las cosas lo mejor posible para el pueblo y que los afectados tengan oportunidad de poderse defender», apostilla.
Rediseño del PAI
Pero el PSPV de Moixent ha presentado una moción exigiendo al consistorio que haga todo lo que esté a su alcance para recuperar los importes pagados en el transcurso del PAI que no se ajusten derecho, y «depurar responsabilidades y administrativas o de cualquier tipo». Los socialistas inciden en que las irregularidades se sucedieron «con el «beneplácito u omisión» del antiguo gobierno del PP.
Una vez tumbado el anterior PAI, ha de redactarse un nuevo proyecto, que deberá obtener el visto bueno de la conselleria para cumplir la ley. El alcalde avanza que no se partirá de cero, sino que se aprovechará «lo que esté bien» del anterior plan. Fito cree que en medio año se podrían reanudar las obras, para completarlas en 2018.
