La sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha citado el próximo lunes en su sede de Madrid al exalcalde de Castelló de Rugat, José Miguel Barranca (PP), para determinar si corresponde exigirle responsabilidades por las presuntas anomalías contables que destapó hace un año la Sindicatura de Comptes durante su mandato. Después de examinar el informe de fiscalización elaborado por el citado organismo de control, la Fiscalía del Tribunal puso de manifiesto las irregularidades en las que Barranca podría haber incurrido cuando autorizó una compensación de deuda entre el consistorio y un restaurante local por 17.450 euros. La decisión se adoptó, supuestamente, «sin que se hayan acreditado los servicios prestados» por el establecimiento ni si fueron efectivamente encargados por el ayuntamiento, según resume en su citación el delegado-instructor que se encarga de las diligencias previas de la causa, Luis Pedro Villameriel.

Como adelantó Levante-EMV, apenas tres días antes de dejar el cargo tras las elecciones municipales de 2015, el primer edil perdonó a una empresa de hostelería una importante cuantía acumulada en concepto de impagos tributarios y de otra índole a lo largo de cuatro años, a cambio de saldar una serie de facturas de comidas y fiestas por el mismo importe que la corporación a su vez adeudaba al restaurante desde 2010.

La Sindicatura de Comptes, sin embargo, advirtió de que la operación «no se ajustó a la legalidad» y «podría haber originado un perjuicio a la hacienda municipal» porque una gran parte de los recibos contaban con el reparo de la secretaría-intervención, ya que no figuraban en los registros contables del consistorio, no disponían de crédito presupuestario y no estaban conformados por responsable alguno. Cuando aprobó la condonación del pasivo, Barranca ejercía el cargo en funciones, a 72 horas de traspasar la vara de mando al actual alcalde, el socialista Antonio Esquinas.

El Tribunal de Cuentas llama a comparecer el 30 de octubre al exmunícipe o a su representante legal «para la debida defensa de sus derechos e intereses», así como al representante legal del Ayuntamiento de Castelló de Rugat -la actual corporación se ha personado como parte denunciante- y al Ministerio Público, con el objetivo de practicar el acta de liquidación provisional del agujero, un gasto que podría tener que reintegrar el responsable si finalmente se determina la existencia de un alcance contable. El Tribunal puede requerir a Barranca una fianza económica, mientras la instrucción prosigue con el examen de las diligencias hasta el esclarecimiento definitivo de los hechos.

Examen del material probatorio

Los comparecientes han tenido prácticamente hasta mediados de este mes para presentar alegaciones y aportar documentos o cuantos elementos de juicio estimaran oportunos en el procedimiento.

Barranca enmarcó los gastos cuestionados dentro de la legalidad y atribuyó los pagos fuera del presupuesto a la demora de la empresa de restauración a la hora de presentar las facturas, puesto que «era un poco dejada», según el exalcalde. Cuando se destaparon las irregularidades, Barranca recalcó que los recibos compensados no solo respondían a comidas suyas y de otros ediles en concepto de gastos de representación -aunque eran mayoritarios-, sino que el consistorio recurría al complejo hostelero para contratar barras, eventos y cáterins en fiestas. «Es una empresa amiga, del pueblo, que tenía dificultades por la crisis. Compensamos la deuda porque no había perjuicio para el ayuntamiento: eran cantidades pequeñas y todas las facturas estaban presentadas. No podíamos dejarlos tirados», argumentó el exmandatario.