Una semana antes de las elecciones de 2007, Ciegsa, plantó un gran panel a la entrada del colegio Ramón y Cajal de Anna para anunciar las obras de derribo y reconstrucción del centro de educación infantil y primaria, que se levantó hace 63 años y presenta unas condiciones estructurales y de seguridad deplorables. Una década más tarde, los errores y omisiones detectados en los proyectos que la empresa pública de la Generalitat encargó durante su etapa más oscura han desembocado en sobrecostes del 40% que han obligado a suspender -antes de comenzar- las obras adjudicadas en 2017 al Grupo Bertolín tras 10 años de una espera plagada de obstáculos.
Ciegsa eludió los canales públicos para contratar la asistencia técnica de la redacción de los diferentes proyectos del CEIP de Anna en 2008. Encontrar algún rastro del procedimiento en las plataformas oficiales de la Generalitat resulta una tarea infructuosa. Los trabajos se otorgaron «a dedo» al despacho radicado en Madrid J Padeira, SL y costaron -según las fuentes consultadas- alrededor de 300.000 euros. La falta de transparencia era una constante en la entidad y explica en buena medida porqué generó un agujero de 2.000 millones de deuda con Francisco Camps de presidente. Hoy, Ciegsa se halla en el punto de mira de una investigación judicial en torno al presunto desvío de fondos para fines ilícitos.
Fue la dirección de obra del nuevo Ramón y Cajal -adjudicada en 2017 por más de 100.000 euros- la que reparó en una serie de defectos nucleares en el proyecto constructivo relativos a la cimentación y a los pilares que sustentan el edifico, que se suman a otras intervenciones no contempladas y que, en total, encarecen la actuación en 800.000 euros. El importe es tan elevado que obliga a resolver la adjudicación a Bertolín para volver a licitar los trabajos con una planificación ajustada a la «nueva» realidad. El hecho de que nadie en la conselleria ni en la empresa reparara con anterioridad en esas anomalías ha provocado indignación en el consistorio de Anna, que ha pedido «responsabilidades». La alcaldesa, Pilar Sarrión, subraya que los arquitectos de Madrid «ni siquiera hicieron una visita in situ al colegio antes de licitarse las obras y, tras haber consultado a diferentes especialistas, ve la situación «inexplicable».
En medio de las tensiones internas por la investigación de Ciegsa y la auditoría que cifró en 1.000 millones los sobrecostes en la etapa del PP, la primera edil incluso apunta a una posible intencionalidad en el ámbito técnico para dejar en evidencia a los actuales gestores de la conselleria. Aunque estaba previsto que se iniciaran a finales de 2017, el parón provocará un nuevo retraso en las obras. Siendo optimistas, no se licitarán hasta dentro de como mínimo 6 meses y no arrancarán hasta 2019. Los alumnos dan clase en barracones desde el inicio de este curso.
«Estudios geotécnicos pésimos»
En noviembre de 2017, el exdirector técnico de obras y proyectos de Ciegsa, Javier Soriano Rams, compareció en la comisión de investigación abierta en las Corts en torno a los sobrecostes generados por la empresa pública para reconocer que existía «una epidemia de estudios geotécnicos pésimos» con «consecuencias tristes» para algunos proyectos bajo la dirección de José Luis López Guardiola, exasesor y amigo de Camps. A juzgar por los acontecimientos, el colegio de Anna sería uno de ellos.
El proyecto del CEIP Ramón y Cajal incorpora un informe geotécnico de 22 folios redactado en 2010 por la firma de Catarroja Linco Ingeniería y Control, SL, que practicó una serie de sondeos a rotación sobre el terreno del centro docente -una parcela de casi 8.000 m2- hasta una profundidad de 20 metros, acompañados de ensayos en laboratorio. La geóloga responsable advirtió en cualquier caso de que podían surgir «posibles anomalías no previstas» durante la obra, pero atribuyó a la dirección facultativa «la adopción de las medidas estimadas oportunas en cada momento».
Apoyándose en las características del suelo reseñadas en ese estudio geotécnico, el proyecto de ejecución redactado por los arquitectos Julio Roca y Mª del Puig, contempló una cimentación consistente en zapatas de hormigón armado sobre las que debían descansar los muros de contención y los pilares de carga del edificio, así como una estructura de pilares y vigas de hormigón armado.
El documento ya tuvo que ser actualizado en 2015 porque tampoco se ajustaba a las exigencias de los vigentes reglamentos que regulan las instalaciones térmicas y aparatos de calefacción.
