El juzgado de lo contencioso-administrativo nº6 de València ha admitido a trámite el recurso interpuesto contra el Ayuntamiento de Xàtiva por la concesionaria municipal del servicio de limpieza de edificios públicos, instalaciones deportivas y centros docentes a raíz de las discrepancias surgidas en torno al incumplimiento de las horas de libre disposición que le corresponde ejecutar por contrato a la UTE formada por Ortiz Construcciones y Proyectos, SA e Inditec, SAU, empresa a la vez responsable de la limpieza viaria y la recogida de la basura de la ciudad.
En su propuesta de licitación, la adjudicataria ofertó como mejoras una bolsa de hasta 11.000 horas de libre disposición al año «sin coste alguno para el ayuntamiento». En septiembre, el equipo de gobierno recriminó a la UTE que solo había realizado 743 horas y le ordenó que acatara el criterio municipal para su desarrollo. Pero la firma con domicilio social en Madrid difiere de la interpretación de cómo han de distribuirse los servicios extraordinarios y, el 22 de diciembre, impugnó en los tribunales el acuerdo de junta de gobierno que desestimó sus alegaciones.
El 15 de enero, la jueza acordó reclamar al consistorio la entrega del expediente administrativo en un plazo de 20 días. El requerimiento llegó el 22 de enero a la corporación municipal, que comparecerá como parte demandada.
La empresa se impuso con holgura a sus 10 competidoras en el concurso del contrato de la limpieza de edificios valorado en 3,6 millones, que el tripartito mantuvo varios meses en suspenso en 2016 después de que la Guardia Civil se personara en el ayuntamiento en el marco del caso Taula y requiriera el expediente de la adjudicación de la recogida de la basura de 2012. La UTE obtuvo la máxima puntuación de la mesa de valoración en el capítulo de mejoras relativas a la oferta de horas de libre disposición, puesto que las 11.000 ofrecidas distaban mucho de las propuestas por el resto de aspirantes, con una diferencia de más de 2.000 respecto a la segunda clasificada.
El consistorio se apoya en un informe de la técnica responsable de la supervisión del contrato para defender su postura. La mercantil, por su parte, asegura haber cumplido con todos los servicios extraordinarios solicitados por el ayuntamiento en las condiciones marcadas y considera que se le quieren endosar como horas extraordinarias lo que en realidad son servicios de limpieza ordinarios en edificios que no están incluidos en el pliego de condiciones. En cambio, el informe técnico municipal ve factible que la administración le reclame a la UTE hasta 7.555 horas en trabajos no programados ante la «imposibilidad material» de que preste la totalidad de las 11.000 horas prometidas.
Diferencias de precio
Ante las demandas de incrementar el horario en diferentes centros municipales, la empresa y el ayuntamiento negociaron una posible ampliación del contrato para convertir en servicios programados una serie de trabajos que se asignaban como extraordinarios, con tal de que la firma pudiera adaptar su planificación y dotarse del material y los medios necesarios para atender las exigencias diarias. Sin embargo, el consistorio declinó un posible acuerdo en ese sentido por el sobrecoste adicional que comportaba y por las discrepancias en la valoración económica de la bolsa de horas de libre disposición, cuyo precio la concesionaria cifra en 59.510 euros y la corporación municipal en 147.290 euros.
