Cuando el pasado mes de febrero el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, anunció la puesta en marcha de un «Código de buenas prácticas bancarias», más de 300.000 familias creyeron ver una salida a su desesperada situación. La amenaza de quedarse en la calle y la obligación de pagar una deuda que no dejaba de crecer parecían tener por fin una solución. Esta medida iba a permitir que los bancos aceptasen que los hogares sin ingresos salden su deuda hipotecaria con la entrega de la vivienda. Además, los afectados podrían arrendar el inmueble por dos años a un precio inferior al del mercado.
Sin embargo, cuatro meses después, a este periódico le ha sido imposible encontrar a alguien que se haya beneficiado del llamado «código de Guindos» en Valencia. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) afirma que, según su experiencia, aún no ha logrado que se haga efectiva ninguna dación en pago bajo el amparo de este decreto ley. Ni siquiera una refinanciación. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) asegura que, de las personas que asesoran, solo el 4% puede acogerse a la medida y llevan semanas esperando una respuesta. La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) tampoco ha tenido suerte y lamenta que hasta ahora el código les haya resultado «poco práctico».
Condiciones muy estrictas
Ya cuando se publicaron los términos del código, varias organizaciones advirtieron que eran demasiado restrictivos. Aún así, quedaba alguna esperanza de poder aliviar la carga de las personas afectadas. Pero a día de hoy, poco se sabe de los efectos positivos que haya podido tener el decreto y desde el Ministerio guardan silencio.
La PAH y Ausbanc coinciden en señalar como principal impedimento la exigencia de que todos los miembros de la unidad familiar estén en el paro y no cobren la prestación. Adicae, en cambio, culpa al baremo del precio de los inmuebles que fijó el Gobierno de ser el mayor inconveniente. Según este, para que un residente de Valencia pueda ser beneficiario del Código de buenas prácticas bancarias, su piso debe de haber sido adquirido por una cantidad inferior a 200.000 euros. En el caso de los municipios de menos de 100.000 habitantes, esta cifra se reduce a 120.000.
Según Iolanda Prats, portavoz de la PAH, este requisito no se corresponde con la realidad: «La mayoría de las hipotecas que se están ejecutando a día de hoy son las que se firmaron durante los años de la burbuja inmobiliaria, por lo que los precios están sobrevalorados. Con esto se deja fuera a la mayoría de las ejecuciones.»
Daniel Araque, coordinador de Adicae en la Comunitat Valenciana, denuncia que antes de que se creara el código era más fácil conseguir la dación en pago. Según indica, ahora es más difícil negociar porque existen requisitos establecidos que la banca utiliza como excusa para decir no.
Consultada al respecto, Bankia aseguró que no emplea el código «como norma» y que «analiza caso a caso» las situaciones de miles de clientes. «Desde el 2009 estamos tratando de hacer precios a medida. La diferencia (ahora) es que hay medidas estrictas», explicó un portavoz de la entidad, que admitió que el código es severo y aseguró que no es que el banco no quiera aplicarlo, sino que la gente que lo ha solicitado «no se ha adecuado a las exigencias». La PAH, en cambio, acusa a la institución de ser el banco más desahuciador e «inhumano». «Bankia roza la ilegalidad, ha emitido daciones en pago en las que hacía firmar a los afectados una autorizazión para fiscalizar toda su información», comenta Prats.
Pero cumplir los requisitos es solo el primer paso. El Código de buenas prácticas bancarias ofrece como primer recurso la refinanciación de lo adeudado. La dación en pago solo es una opción cuando la familia no puede hacer frente a la nueva cuota. Pero la renegociar la deuda no es lo que la gente busca. «La refinanciación no le interesa a nadie, es un negocio para el banco porque va a cobrar más intereses», explica Prats, que asevera que la mayoría prefiere perder su casa. «Del 90 al 95% de los que vienen firmaría la dación en pago mañana».
La representante de la PAH también advierte de que algunas entidades financieras «siguen intentando estafar y mucha gente está cayendo». Al respecto, Araque cuenta el caso de una persona a la que el banco le había concedido la dación en pago. El día que debía firmarla, tuvo la precaución de leer el contrato antes y se dio con la sorpresa de que el precio de la vivienda era menor al acordado y que no le condonarían la deuda, como le habían dicho en un principio. «Se lo dieron por si ‘colaba’», comenta Araque.
Una medida «absurda»
Entonces, ¿de qué sirve el Código de buenas prácticas bancarias? Todas las entidades financieras se han adherido a él, pero ninguna ha podido asegurar que tenga un cliente al que se lo haya aplicado. Las consultadas por este periódico se han excusado admitiendo que los requisitos son muy «restringidos» y que la culpa es del Gobierno, que fue el que los acuñó.
Pero las asociaciones que defienden a las víctimas de la burbuja inmobiliaria acusan a la banca de compartir esta culpa. Desde Adicae, califican el código de «absurdo». «No tiene sentido... Si va en beneficio de alguien es de la banca, que se lo ha tomado como una medida estética», afirma Araque.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca va más allá y acusa al Ejecutivo de haber pactado el código con los bancos. «El código ha sido una propuesta de las entidades financieras. Para ellas es perfecta porque en su día fue una auténtica lavada de imagen», denuncia Prats, a lo que añade que el Gobierno utilizó su aparato mediático para anunciarlo como «la solución». «Fue muy irresponsable porque generó falsas expectativas. Fueron miles las personas afectadas que se pusieron en contacto con las diferentes plataformas pensando que ya tenían la dación en pago por ley».
Un problema internacional«Quédate con la casa, que regreso a mi país»
Entre los escasos motivos por los que la banca se resigna a aceptar la dación en pago están las dificultades de perseguir a un deudor fuera de la Unión Europea. De ahí que las entidades financieras puedan ser más flexibles cuando se trata de un inmigrante extracomunitario, según explica Daniel Araque. «Cuando les deniegan saldar la deuda con la vivienda, algunos amenazan con irse a su país... A veces les ha funcionado», comenta.
En estos casos, los ecuatorianos son los que tienen más armas a su favor. En mayo, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó un decreto ley que prohíbe a sus bancos perseguir a los ciudadanos que hayan contraído una hipoteca en el extranjero. La medida fue una iniciativa del presidente Rafael Correa después de un viaje a Madrid, donde consideró la normativa que regula las hipotecas en España «una muestra de supremacía del capital sobre los seres humanos». Según la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE), solo en Madrid existen entre 60.000 y 80.000 ecuatorianos al borde del desahucio.
