Fue una de las últimas decisiones del ex secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos, José Miguel Escrig, antes de abandonar su cargo público. En febrero de 2012 el pleno del Consell aprobaba una serie de modificaciones en la normativa valenciana relativa al sector del juego que abría la puerta a la instalación de salas de casinos en los hoteles, otorgando la exclusiva a los actuales licenciatarios (Cirsa en Valencia, Orenes en Castelló y Acrismatic en Alicante), e introducía como medida compensatoria importantes mejoras fiscales y en materia de premios en los reglamentos de máquinas recreativas, salas de bingos y apuestas deportivas.

La iniciativa de los casinos en los hoteles había agitado al sector, muy castigado por la irrupción de las apuestas por Internet. La regulación el año anterior de las terminales de máquinas de apuestas deportivas, también había obligado a Hacienda a hacer encaje de bolillos, y terminó condicionado su instalación al acuerdo con los proveedores de máquinas de tipo B (las conocidas como tragaperras). El subsector de apuestas deportivas se ha mostrado muy activo en los últimos trimestres. Se han propiciado alianzas entre grandes grupos y empresas del juego y han proliferado los locales dedicados a ofrecer terminales de apuestas deportivas.

Pese a todo esto la flexibilidad mostrada por la Generalitat para favorecer la actividad del juego no ha tenido efectos positivos sobre la recaudación. El Consell anunció en febrero del año pasado que los cambios normativos tendrían una repercusión en beneficio de las arcas autonómicas de entre seis y ocho millones de euros. Pero al contrario, el descenso de la facturación sumada a las rebajas en la fiscalidad han propiciado que las cifras de ingresos por tasas y exacciones sobre el juego haya sufrido una importante merma en 2012. Hasta noviembre de ese año, último mes con datos públicos concretos sobre ejecución presupuestaria, la conselleria de Hacienda había recaudado 97,7 millones de euros, apenas un 29,72 % de los 328,9 millones presupuestados para el ejercicio. Los derechos reconocidos ascendían a 122,5 millones, por lo que el departamento que dirige Juan Carlos Moragues confiaba en recaudar otros 24,7 millones. La cifra de derechos reconocidos apenas representaba el 37,25 % del presupuesto de ingresos por este concepto en el undécimo mes del año.

Ingresos en caída libre

Las cantidades quedan bastante alejadas de los ingresos del ejercicio anterior en el mismo mes de noviembre. En 2011, los ingresos netos ascendían a 133,3 millones y los derechos reconocidos a 159,7 millones. Son más de 37 millones más que un año después. O mucho cambió la cosa en diciembre o las previsiones de recaudar entre seis y ocho millones más por los cambios normativos no solo no se cumplieron, sino que la recaudación cayó en picado.

Hay que tener en cuenta, además, que la propia conselleria ya realizó un ejercicio de realismo cuando elaboró los presupuestos de 2012. Entonces previó que la recaudación total sería de 328 millones de euros, frente a los 425 millones presupuestados en 2011. Ese año los ingresos fueron finalmente de 163,5 millones, 224 millones menos de lo previsto.

Lo que parece evidente es que, al contrario de lo que ha ocurrido en otros sectores, donde la fiscalidad general ha aumentado como consecuencia de las medidas antidéficit, el celo mostrado por el Consell para mitigar los descensos de facturación de las empresas del juego han terminado por ahondar el progresivo deterioro de los ingresos tributarios procedentes de esta actividad. Ya entre 2010 y 2011, la recaudación se desplomó un 34 %, algo que no impidió que la Conselleria de Hacienda introdujese medidas correctoras que en la práctica reducían los impuestos sobre el juego.