El Ayuntamiento de Gilet no encuentra toda la documentación que le ha solicitado la policía judicial de Riba-Roja de las obras que le hizo durante el anterior mandato la fundación desmantelada hace meses por la Guardia Civil por la supuesta explotación laboral de condenados a trabajos en beneficio de la comunidad (TBC); una investigación que llevó entonces a la detención del exedil de Gilet del partido Amb Trellat Salvador Ortí.
El alcalde, Salva Costa (PSPV), asegura que en el ayuntamiento «no hay ningún expediente» sobre las obras de mejora de la guardería en las que trabajaron estos condenados, un hecho que calificó de «muy grave». Según apuntaba: «Aquí se han hecho unas obras y esto no consta en ningún sitio», aunque no aclaró si la documentación había desaparecido o nunca había existido, pese al conocimiento de toda la corporación y de los técnicos de que las obras se estaban llevando a cabo.
El máximo mandatario de Gilet recordaba en la última sesión plenaria que durante las obras de remodelación de este inmueble municipal, el grupo socialista instó desde la oposición al equipo de gobierno de ese momento (PP, Amb Trellat y AUG) a que aclara qué podría suceder con estas personas (TBC) en caso de accidente, denunciando sin éxito públicamente que esta forma de proceder no era la más adecuada.
Además de las obras de la guardería, que se centraron en adecuar la instalación para acoger a varias unidades de primaria del colegio ante la falta de espacio del mismo dada la demanda de alumnos del centro, la policía judicial ha solicitado que se le otorgue toda la documentación de las personas que se encargaban de vigilar o controlar a quienes hacían trabajos en beneficio de la comunidad, los servicios que realizaban, así como una relación de todos los que operaban en el municipio. Junto a ello, exige una enumeración y descripción de los cometidos que desarrollaban, los trabajos que se hicieron en la guardería y número de trabajadores que participaron en esta obra, así como la forma de proceder del ayuntamiento en cuanto a la contratación de empresas privadas para estos cometidos en los que colaboraban quienes cumplían así por condenas menores.
El pleno de Gilet ha dado el visto bueno a que se entregue toda la documentación y ha mostrado su voluntad de colaborar con la justicia en aras a que «esta situación se aclare», decían varios ediles.
A finales del año pasado fue la corporación presidida por PSOE, EU y AUG la que decidió por unanimidad iniciar una comisión de investigación después de la detención de un exedil del equipo de gobierno en septiembre por la presunta desviación de esos trabajadores para labores particulares de su empresa. Entonces ya se sospechó que el proceso de investigación acabaría requiriendo información y documentos al ayuntamiento. De hecho, hace unos días era la policía judicial de Riba-Roja la que se personó en el ayuntamiento con un requerimiento para obtener los documentos mencionados.
Además, la remodelación de la guardería ha llevado a varios integrantes de la brigada municipal de Gilet a los juzgados para declarar.
