«Acato la sentencia, pero no la comparto porque no entra en el fondo del problema, que es un problema de salud pública», señaló ayer Josep Maria Mas, mientras defendía que los dos pozos que de algún modo absorbió Aquagest «estaban dando servicio a viviendas en suelo urbano, suelo urbanizable y diseminados con agua de riego. No cumplían las condiciones de agua potable y el ayuntamiento tenía que resolverlo sí o sí porque era un problema muy grave al que no se presta atención», defendió. El fallo del TSJ, fechado en noviembre aunque no había trascendido del ámbito municipal, incide en que «siendo ciertos los argumentos relativos a la competencia municipal en torno al servicio y la adecuación jurídica del objetivo que persigue, es el mecanismo de la modificación contractual utilizado el que no aparece conforme a derecho porque no se ajusta a los criterios que determinan la posibilidad de dicha modificación y porque, con ella, se está consiguiendo una finalidad no querida por la ley: la perpetuación de la concesión y la supresión de la libre concurrencia para la prestación del sevicio».
El secretario de la asociación de vecinos Santa Clara, Alfonso Losada, reivindicó ayer que el agua «deber ser un bien protegido» y señaló que este colectivo siempre ha considerado que es el ayuntamiento el que tendría que gestionar el servicio. También el portavoz de Compromís, Pepe González, se mostró ayer partidario de una gestión pública del agua potable.
