29 de octubre de 2015
29.10.2015

El Gobierno local revela que un cambio en el contrato del exalcalde hizo perder 6 millones al ayuntamiento

Los servicios jurídicos municipales estudian si hay base para denunciar los hechos en los tribunales

28.10.2015 | 23:16

El exalcalde de Gandia, a través de la empresa Iniciatives Públiques Gandia (IPG), cambió, mediante un acuerdo con la empresa constructora, el contrato de obra para levantar el complejo Simancas. Según apuntan los documentos conocidos ayer, esa modificación, de la que no se dio información a los grupos políticos municipales, podría suponer un coste adicional de seis millones de euros para el ayuntamiento.

La cuestión se resume en que en 2010 el Gobierno local de José Manuel Orengo adjudicó las obras de Simancas, que incluían un párking subterráneo construido sobre un fragmento de la parcela que era de propiedad municipal. Según el contrato, la empresa se comprometía a explotar esas cocheras a su cuenta y riesgo y tenía que abonarle a cambio 1,5 millones de euros por la propiedad del solar.

Tres años después, en un acuerdo para la reanudación de las obras tras el parón que se produjo por los problemas de la empresa, Torró cambió ese contrato en condiciones beneficiosas para la mercanti, pero a costa del ayuntamiento. En primer lugar, se eximió a la constructora de pagar 1,5 millones por el suelo del párking, y, en segundo lugar, y quizás más sorprendente, IPG, o sea, el ayuntamiento, se comprometía a pagar el coste de ese párking, que ya estaba parcialmente construido, cuya cantidad quedó fijada en 4,4 millones de euros. La diferencia entre el contrato de Orengo y el de Torró es de casi seis millones en negativo para el ayuntamiento. A cambio el consistorio se quedaba con la explotación del párking, y eso a pesar de que durante los cuatro años de la legislatura Torró reconoció que los estacionamientos subterráneos públicos eran «una ruina».

En el día de ayer, al tiempo que revelaba esta acción del anterior Gobierno local, la alcaldesa de Gandia daba a entender que los servicios jurídicos municipales están estudiando si esta «irregularidad» llega a ser una ilegalidad, en cuyo caso no se descarta que se adopten acciones judiciales para depurar las posibles responsabilidades que se deriven.

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