La empresa pública de Gandia, IPG, contrató y pagó, cuando gobernaba el PP en la ciudad, la ampliación del despacho del Foro Manuel Broseta que ocupó hasta el pasado mes de julio la empresa Altoclaro SL. Esta mercantil es la editora de la revista Sociedad y Política, medio que loaba la gestión de Arturo Torró y su Gobierno al frente del Ayuntamiento de Gandia, mientras criticaba duramente a la oposición, en especial al PSPV, y que recibió centenares de miles de euros en contratos de parte de la propia IPG a lo largo de la pasada legislatura.
La mercantil de capital público invirtió en esos trabajos 30.122 euros, según las facturas a las que ha tenido acceso este periódico, por la «construcción de altillo para ampliación de oficina», según reza el documento.
El despacho en cuestión se encuentra en la primera planta de este edificio y los trabajos consistieron en el desmontaje de un falso techo que daba a la planta baja y la instalación de una estructura metálica que sirvió para asentar encima lo que sería el nuevo tramo de la oficina de este medio.
La obra, que se llevó a cabo en 2014, se hizo en un espacio ubicado justo al lado del que tenía alquilado la revista. Una vez finalizada, la empresa tomó posesión del nuevo despacho.
Los trabajos de construcción de la nueva oficina las llevó a cabo la empresa que actualmente está siendo investigada por su presunta implicación en la trama Púnica, después de que la Guardia Civil interceptara unas escuchas en las que, presuntamente, un dirigente del PP de Gandia, Dionisio Ollero, le pidiera que asumiera pagos de una deuda electoral que el PP había adquirido con Alejandro de Pedro, cabecilla valenciano de la trama corrupta, por trabajos de posicionamiento web.
Personas que trabajaban en el edificio Manuel Broseta apuntaron a este periódico que la actuación en el despacho de Sociedad y Política fue la más importante que se llevó a cabo en ese lugar, pese a que hay muchas empresas allí.
Con la ampliación del despacho, Altoclaro, que hasta entonces ocupaba dos espacios comunicados, pasó a disponer de cuatro, con un incremento proporcional del alquiler que rondaba los 600 euros.
Esta mercantil abandonó el espacio el pasado mes de julio, poco después de que Arturo Torró abandonara la alcaldía de Gandia, momento que coincidió con la desaparición de la revista en papel. A su marcha estaba al día en el pago de todo el alquiler.
