El Gobierno local de Oliva, formado por los grupos de Compromís, Projecte Ciutadans, Gent d'Oliva y EU-Acord Ciutadà, ha aprobado esta semana una serie de modificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que pagarán los vecinos el año que viene, que sitúan a este ayuntamiento a la cabeza en la aplicación de medidas sociales, ambientales y de fomento a la regeneración de núcleos degradados de toda la Comunitat Valenciana.
La ordenanza incluye, en primer lugar, una rebaja del tipo impositivo del IBI urbana, que prácticamente compensa la revalorización de los índices catastrales que está aplicando el Ministerio de Hacienda desde 2014. A modo de ejemplo, una casa o piso que este año pagó alrededor de 500 euros abonará en 2017 dos euros más. Y un pequeño aumento del tipo impositivo del IBI rústico. Así, por ejemplo, cinco hanegadas de suelo agrícola que pagaron 14,20 euros el año pasado tendrán un recibo de 15,40 euros.
Pero la novedad de esta modificación está en el ámbito social. Oliva ha «copiado» del Ayuntamiento de Granada una fórmula para que los bancos propietarios de viviendas vacías se ahorren la mitad del IBI si las alquilan a mujeres víctimas de violencia de género o a personas que, previo informe de los Servicios Sociales, estén en riesgo de exclusión social. En la medida de las competencias que tiene un ayuntamiento, se intenta así que una mujer maltratada pueda disponer de vivienda propia, algo esencial para poder rehacer su vida a partir del momento en que ha sido agredida por su pareja o expareja.
La segunda medida novedosa de la nueva ordenanza del IBI que regirá a partir del año que viene se destina a crear empleo. Aunque falta saber el efecto real que tendrá, Oliva reducirá paulatinamente, hasta en un máximo del 95%, el IBI de las empresas, emprendedores y autónomos que amplíen su plantilla o formalicen contratos de trabajo.
Y la tercera gran novedad del IBI olivense se dirige a revitalizar y promover actividades económicas en el centro histórico de la localidad con la intención de frenar la degradación que se produce en algunas de sus áreas.
Todas las actividades económicas que existen, o que abran sus puertas a partir de ahora, en el centro histórico tendrán bonificaciones del IBI que alcanzan hasta el 85%. Y no se trata de casos excepcionales. En ese nivel de reducción del impuesto se encuentran bares, restaurantes y tiendas de todo tipo.
Paralelamente, la ordenanza municipal del IBI mantiene o incrementa las bonificaciones que se aprobaron en años anteriores. A las empresas de promoción y construcción inmobiliaria se eleva del 50 al 70 por ciento, sube en un 10 % a las viviendas de protección oficial y se mantiene la bonificación máxima legal, del 95%, para las cooperativas agrarias.
Finalmente, Oliva eleva del 20 al 50 por ciento la reducción del IBI a los inmuebles que certifiquen el uso de energía solar y sitúa hasta el 70% la bonificación a familias numerosas con escasos ingresos, un índice que sube al 80 % en los casos en que a esta circunstancia se añada el de uno o más miembros con discapacidad.
Sin plan de ajuste
Oliva puede llevar a cabo estas medidas, prohibidas en otros municipios, como es el caso de Gandia, porque no está sometido a ningún plan de ajuste económico. Aun así, el concejal de Hacienda, Vicent Canet, señala que, según la memoria económica realizada para aprobar esta nueva ordenanza del IBI, el año que viene Oliva recaudará por este concepto 44.000 euros más que el año en curso. Ahora bien, esa cifra dependerá de las personas, familias y empresas que se acojan a las reducciones aprobadas.
