El titular del juzgado de primera instancia número 1 de Gandia ha aceptado las medidas cautelares que le reclamaban los vecinos de un edificio de la calle Alfauir de esta ciudad para obligar a los propietarios de una de las viviendas a limpiar su casa, que se encuentra llena de basura y animales, debido a las molestias que esa situación generan a toda la comunidad de siete plantas.
El juez acepta la petición y pide la «cesación inmediata de la actividad molesta e insalubre» que llevan a cabo estos vecinos y les da un plazo de tiempo para que lleven a cabo la limpieza del piso.
Transcurrido ese periodo, la comunidad estará facultada para acceder al piso para sacar la basura y limpiar. Lo harán, si llega el momento, mediante una empresa especializada en estos menesteres. Para ello deberán contar con una orden explícita del juez que les permita entrar a la casa, visto que, hasta ahora y pese a los constantes requerimientos, estos propietarios se han negado a hacerlo. Es más, la familia no suele abrir la puerta cuando alguien acude a comprobar la situación en la que habitan.
El magistrado se basa para su decisión en el testimonio de una vecina, Ana María Sánchez, que durante la vista celebrada hace dos semanas, declaraba que «aquí no se puede vivir» y explicaba que tanto ella como resto de propietarios están obligados a convivir prácticamente todo el día con las ventanas cerradas porque «el olor es nauseabundo».
En parecidos términos se expresaba el administrador del edificio, Camilo LLorca, única persona que ha conseguido entrar a la vivienda y que pudo comprobar que vivían «entre montones de basura y ropa sucia» y que «había excrementos de perro en la terraza», puesto que los propietarios conviven, con «entre seis y ocho canes», señalaba.
Pero el juez también ha tenido en cuenta dos informes policiales así como las actas de las juntas de propietarios en las que los vecinos se quejaban de la situación en la que se encontraban y un informe elaborado por Vicent Gregori en 2014, cuando este era presidente de la Junta de Distrito de Benipeixcar.
La vista por las medidas cautelares es una pieza separada del juicio contra los propietarios de la vivienda por la denuncia que interpuso la comunidad de vecinos, harta de que, durante casi cuatro años, ninguna administración haya hecho nada por solucionar el asunto. Sobre esta familia pesa también una denuncia por la vía penal por maltrato animal, en tanto que, según señalan los vecinos, los perros apenas salen a la calle e incluso se han dado casos de canibalismo, en los que los canes se comen entre ellos.
La pasada semana, Levante-EMV publicaba que el Ayuntamiento, en los últimos años, ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la situación de esta familia para que se tomen las medidas oportunas, pero que hasta el momento, pese a todo, no se ha actuado. Entre estas, existe la posibilidad de que se dicte la incapacitación de los moradores o su traslado a una residencia pública y que queden bajo tutela de la Generalitat.
Los vecinos dicen que el olor inunda toda la escalera y que las zonas más próximas a la vivienda en cuestión están llenas de moscas.
